Se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de búsqueda de la igualdad, y de la protección a las personas en desventaja social, para dar cumplimiento a Agenda 2030.
Con esta modificación se establece la obligatoriedad del Estado para implementar programas sociales que garanticen a las personas en condición de pobreza el derecho a una vida digna, alimentación, y salud de calidad.
El diputado Edmundo Azael Torrescano Medina presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que junto con las comisiones de Derechos Humanos y Hacienda del Estado dictaminaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, explicó que, en la exposición de motivos, se indica que esta reforma está en armonía a lo previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma contiene disposiciones que tienden a la búsqueda de la igualdad, de la protección a las personas en desventaja social, para dar cumplimiento a la Agenda 2030 y sus objetivos, entre ellos, el combate a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, y reducción de igualdades, entre otros.
Se indica que mediante esta reforma, se establece la obligatoriedad del Estado para implementar programas sociales que garanticen a las personas en condición de pobreza el derecho a una vida digna, alimentación, y salud de calidad; lo que coadyuvará para aligerar el gasto en sus hogares, esto con servicios públicos, y trámites sin costo; becas alimentarias; becas con recursos económicos en efectivo en apoyo a madres solteras, y personas adultas mayores; tortilla subsidiada; agua bebible gratuita; seguros de gastos médicos para mujeres; becas para estudiantes en condición de pobreza; programas de acceso gratuito al transporte público para estudiantes durante sus traslados en horario escolar, en auxilio de quienes se encuentran en condición de desventaja.
El dictamen será enviado a los Ayuntamientos para que sean aprobados por sus Cabildos.
