En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, apareció una carta donde se expone que presuntamente el director Enrique Delgado López ha cometido acoso laboral en contra de sus empleados situación que consta en una serie de denuncias que se han hecho llegar a la Defensoría de Derechos Universitarios, DDU, sin embargo no ha habido justicia para los afectados.
En las instalaciones de la Facultad aparece una serie de letreros donde menciona que entre los meses de noviembre de 2021 y febrero de 2023 la Defensoría de Derechos Universitarios de la máxima casa de estudios, recibió 5 denuncias contra el funcionario en mención los expedientes contenían la relación de hechos y pruebas que documentaban las acciones sistemáticas que realizó presuntamente con el apoyo de su gente de confianza contra trabajadores de la comunidad, entre ellas cuatro mujeres.
El pasado 2 de mayo la DDU acreditó las conductas de acoso laboral perpetradas por Enrique Delgado en perjuicio de 5 integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, FCSYH, además turnó el caso al Consejo Directivo Universitario, CDU, para que determinará las acciones correctivas necesarias.
Durante cuatro meses se canalizó el expediente a diferentes áreas de la institución de educación superior que al parecer congelaron la resolución por supuesto mandato del Secretario General de la institución Federico Arturo Garza Herrera quien para deslindarse de responsabilidades, argumentó “de manera absurda”, dicen los afectados para deslindarse de responsabilidades afirmando que desconocía el contenido del oficio.
Los afectados hacen una cronología señalando que el 5 de octubre de 2023 el documento fue turnado a la Comisión Institucional de Justicia para que a la brevedad posible rindiera cuenta el Consejo Directivo Universitario, CDU, en la sesión ordinaria de ese mismo mes, pero fue hasta el 31 de octubre que Paola Liliana de la Rosa Rodríguez y Claudia Ruiz presidenta y vicepresidenta de esta comisión informaron a las víctimas que apenas iniciaría el proceso de instrucción.
Antes de realizar la denominada audiencia confidencial de instrucción que sería cancelada a mediados de noviembre, la presidenta y secretaria citaron a una reunión a las 5 víctimas a quienes presuntamente revictimizó con la narración de los hechos y sostienen que trataron de convencerlas de poner “un precio” para disculpar las conductas de acoso laboral atribuibles a Enrique Delgado López.
Las víctimas que prefieren seguir guardando el anonimato mencionan en el documento público que, al no recibir una respuesta favorable a su reunión de conciliación, el trato que han tenido para con ellas se ha caracterizado con negarles derechos de asesoría jurídica y retraso en la entrega de información solicitada a través de los conductos que ellas exigieron algo que de su parte no han respetado.
