Pese a esa “cobija presupuestal”, las necesidades de gasto son muchas y han quedado en evidencia. Al rubro de educación superior, la SHCP le aplicó en el Proyecto de Presupuesto 2025 un recorte de 10, 268 millones de pesos y, de estos, sólo a la UNAM le tocó ajuste de 5,000 millones de pesos a su gasto proyectado.
Las reducciones también se aplicaron al Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Chapingo y universidades de los estados de Sinaloa, Morelos, Colima, Guadalajara y Veracruz, entre otras.
Las reducciones fueron un “lamentable error” de acuerdo a Hacienda. A todas ellas ofreció restituirles dinero y a la UNAM e IPN incluso un incremento de 3.5%.
Por eso en la pasarela están el resto de los afectados.
El 20 de noviembre, en privado, los rectores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Cristian Eder Carreño; de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Carlos Faustino Natarén; y el de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña, se reunieron con el líder morenista, Ricardo Monreal.
Durante el encuentro, Monreal les pidió ajustarse el cinturón: “yo he hecho hincapié de que se requiere ingresar, incursionar en un escenario de austeridad profunda”, les dijo.
“Que revisen sus gastos sus costos, porque cada vez es más complicado tener ese tipo de, diría yo, lujos o excesos que tienen que también someterse a un programa de austeridad las universidades públicas”, agregó.
El martes pasado, Cindy Winkler, diputada del Partido Verde abogó por las universidades: “con la voz de los rectores: el presupuesto no está alcanzando para las universidades”, y recordó que sólo la de Morelos ya arrastra un déficit de 450 millones de pesos y ahora se sumará un recorte.
El 22 de noviembre tocó el turno de alcaldes de la mixteca de Oaxaca. Acudieron a la Cámara de Diputados para pedir más recursos a legisladores del PT, se regresaron con las manos vacías.
“Vamos a hacer los canales para que sean atendidas sus demandas”, les ofreció la petista Ana Karina Rojo, pero se ausentó su coordinador, Reginaldo Sandoval, quien tendrá voto en la dictaminación en comisiones y ninguno difundió al menos en sus redes sociales la exigencia de recursos.
El 26 de noviembre, un grupo de alcaldes, sobre todo de Morelos y Puebla, clamaron por más presupuesto en una mesa de diálogo para abordar el tema del gasto federalizado.
El mismo día tocó al gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, acompañado por diputados de Movimiento Ciudadano (MC). Lanzaron en rueda de prensa una alerta: “los 139 mil millones de pesos estimados para 2025 son insuficientes”.
Además, la misma Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se reunió con diputados el 28 de noviembre, pero en un evento de entrega de sus estados financieros auditados y desde ahí también hizo una petición de más fondos.
Monreal también se ha reunido con magistrados de tribunales agrarios y distintos representantes de entidades públicas.
El 2 de diciembre, el encuentro de la comisión dictaminadora fue con la titular del INEGI, Márquez Colín, quien señaló que el recorte de 5,000 millones de pesos (29%) que se plantea aplicarles podría poner en riesgo la Encuesta Intercensal 2025, pues esta tiene un costo estimado de 5,800 millones de pesos.
“El Instituto únicamente se quedaría con 7, 200 millones de pesos, que apenas alcanzaría para la nómina y algunos proyectos”, expuso.
“Tendríamos que revisar porque ellos en su programa para el año siguiente tienen el programa intercensal. Necesitan (esos recursos) para ejecutar este programa que es fundamental para el desarrollo y para la evaluación del desarrollo económico de nuestro país” valoró la diputada Elena Segura, de Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto al solicitar se atienda esa demanda.
El martes 3 de diciembre, otra vez Monreal se reunió, pero ahora con la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, quien fue a plantear que no se les recorte gasto –como había perfilado el morenista- y defender la Escuela Judicial.
“Ha venido a plantearme en las necesidades del Tribunal Electoral el por qué a juicio de ellos debe sostenerse el recurso que establece el proyecto, (…) disminuirlo pudiera generar situaciones difíciles de cumplir con sus obligaciones constitucionales”, admitió el morenista.
Otros dos encuentros previos con el INE fueron encabezados por Gutiérrez Luna y Gómez Pozos, quienes mantienen la postura de aprobar al órgano un máximo de 8,000 millones de pesos, de los 13,205 millones de pesos solicitados solamente para la elección judicial.
Sin embargo, Monreal atajó el martes pasado: “vamos a esperar que arroja el estudio técnico de ajuste que sufrirá el INE, (pero) de que va a sufrir ajuste, va a sufrir”.
