En el marco de la jornada de solidaridad con el pueblo de Palestina, el Comité de Solidaridad con Palestina, encabezadas por Víctor García Mata y Sergio Serrano Soriano, entregaron al Congreso del Estado de San Luis Potosí, una petición a los diputados de los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Partido del Trabajo, PT, en su carácter de legisladores, para la elaboración de un Punto de Acuerdo, que exhorte al ejecutivo de la nación, es decir al presidente Andrés Manuel López Obrador, a promover el reconocimiento del Estado Palestino Libre y Soberano, en el plano internacional, así como replantear la relación de México con el Estado de Israel. El objetivo final es no permitir el genocidio que se está viviendo en la actualidad en aquella nación.
En 1975 el gobierno de México reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina, (OLP), dirigida por Yasser Arafat, y las demás agrupaciones palestinas de resistencia, con lo que estableció los primeros acercamientos diplomáticos, más tarde, en 1995, el gobierno de México formalizó la relación con una representación de la delegación palestina, diez años después en el 2005, el gobierno mexicano estableció su oficina consular en la ciudad de Ramala, capital de Palestina, donde se da asistencia, se otorga documentación y protección, a las y los mexicanos que visitan esa nación.
Tras los acuerdos de Oslo en 1994, Ramala se convirtió en la ciudad sede de las embajadas de las naciones que reconocen al Estado Palestino. En 2012, tras la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 67/19, en la que México participó de lado de la causa palestina, por 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 en contra, se aprobó el derecho de Palestina a su Independencia, y a la Libre Autodeterminación. Así mismo se le concedió el estatus de Estado Observador, no miembro de Naciones Unidas.
Dijeron que “si bien, la neutralidad, emana de una de las grandes aportaciones que hizo nuestro país al derecho internacional, con la Doctrina Estrada, el artículo 89 de nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción X, da la facultad al presidente de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; La cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.
