Se suman diputados a no permitir que agua del Río Pánuco se canalice a proyecto Monterrey VI

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Representantes de diversos grupos y representaciones parlamentarias advirtieron en la Sesión Ordinaria, que coinciden con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el sentido de que no permitirá que ni una gota de agua del Río Pánuco se canalice al Proyecto Monterrey VI.

La mayoría de los grupos y representantes parlamentarios recordaron que se trata de un megaproyecto hidrológico que pretende hacer el trasvase de agua del Río Pánuco que atraviesa los estados de Hidalgo, México, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, para abastecer de agua a la ciudad de Monterrey. Pretende la construcción de un acueducto de casi 400 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro.

Recordaron que el ahora presidente de la República desde 2015 se había pronunciado en su calidad de activista en contra de dicho proyecto, ya que implica afectar ecosistemas muy complejos de San Luis Potosí y Tamaulipas. En 2018, como presidente, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil le reiteraron la solicitud de detener el proyecto por el daño ambiental; el hizo lo suyo y ahora, corresponde a los diputados hacer lo que les corresponde.

“El proyecto Monterrey VI se llevaría el agua de nuestra huasteca, cuando incluso allá tenemos problemas de acceso al agua para actividades tan importantes como la agricultura. El problema de Nuevo León y su principal zona metropolitana responde a años de desarrollo no planificado y sin sustentabilidad, a omisiones añejas”.

Manifestaron que “apoyamos la postura del Gobernador del Estado y sostenemos que el agua de la huasteca es para los huastecos, hay que dialogar y buscar alternativas sustentables; se tiene que hacer lo necesario, para que el agua de nuestros ríos se quede en San Luis Potosí para beneficio de las y los potosinos”.

Adelantaron que “estaremos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para realizar todas las acciones legales y evitar que Monterrey se lleve el agua; se trata de un proyecto impulsado por los dos últimos sexenios desde la Presidencia de la República con los respectivos gobiernos estatales, que no les importó negociar que se llevaran el agua de las y los potosinos”.

“Vamos a cerrar filas para apoyar la postura del Gobierno del Estado desde el ámbito de nuestras facultades, para defender lo que corresponde a los ciudadanos de San Luis Potosí”, expusieron.

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