Sin periodo extraordinario de sesiones a la vista y aún en receso, en el Senado se acumulan decenas de designaciones, mientras órganos autónomos y tribunales electorales siguen incompletos.
Expansión.- Las designaciones pendientes de concretar por el Senado de la República se incrementaron en diciembre y ya se contabilizan 43 sólo en materia electoral, más 71 en materia administrativa y una decena más en diversos organismos judiciales o autónomos.
Desde octubre de 2021, prácticamente el inicio de la 65 Legislatura y durante la 66, el Senado ha postergado la toma de decisiones para completar a diversas instituciones. En los hechos, sólo ha aprobado dar trámite a los cargos que son prioridades presidenciales sobre todo al designar cargos diplomáticos y algunos de estos han recaído en expriístas recompensados como embajadores y cónsules.
En contraste, se mantienen incompletos al menos cuatro organismos autónomos que requieren 10 nombramientos.
Esto ocurre por omisión o incluso por “recomendación” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el pasado 14 de abril admitió que su postura es mantener inoperantes algunas instancias que hacen contrapeso al Ejecutivo, como la de transparencia, con el argumento de que “da igual que exista o no exista el INAI, sería mejor que no existiera”, dijo ese día.
En ese caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), este tiene tres vacantes, dos desde abril de 2022 y la tercera desde ese mismo mes pero de 2023.
El Senado ha sometido a votación los nombres para designar dos de esas vacantes –una está detenida en lo que se resuelve un amparo- pero dos personas que habían sido nombradas fueron vetadas por el presidente.
Después de eso, los senadores han impedido intencionalmente que se concreten esas designaciones, pese a órdenes de jueces e incluso del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Otro caso es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que desde febrero de 2020 sesiona sin tres de sus siete comisionados integrantes –entre ellos el comisionado presidente–, aunque ello se debe a la omisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en mandar sus propuestas al Senado; la designación está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se promovió una controversia constitucional que obligue al envío de propuestas presidenciales.
Contrario a esos dos casos, para la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sí se lograron dos nombramientos –el 3 de febrero de 2020–, tras sesionar más de un año de forma incompleta; la decisión se tomó por orden de la SCJN, misma que, al resolver una controversia, ordenó al Ejecutivo remitir al Senado a dos propuestas de comisionados.
El argumento presidencial para no presentar propuestas de comisionados del IFT ante el Senado –al igual que lo arguyó en el caso de Cofece- fue que las ternas propuestas por el Comité de Evaluación encargado de la valoración de los aspirantes carecían de validez.
Esto porque, expuso el presidente, fueron emitidas por dos de las tres instituciones que forman ese Comité, integrado por el Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Evaluación Educativa, pero éste fue extinguido como parte de la contrarreforma educativa, el 30 de septiembre de 2019.
Otra institución incompleta es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En marzo pasado, el pleno del Senado eligió a un integrante pero aún falta por asignar a tres comisionados, dos vacantes desde 2019 y uno desde 2020.
En septiembre, el Ejecutivo envió tres ternas al Senado, pero las retiró y en noviembre volvió a enviar tres listas de tres prospectos cada una. La Comisión de Energía del Senado dictaminó que cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo y el asunto se subiría a votación del pleno el 13 de diciembre, lo que no ocurrió, así que sigue el pendiente.
El décimo nombramiento pendiente en un organismo autónomo es en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en donde en diciembre pasado concluyó la gestión de Norma Leticia Campos Aragón y ahí se perfilan decisiones en materia de generación distribuida de energía eléctrica.
Organismos electorales cercenados
Las omisiones más relevantes son en materia electoral, pues este año más de 20,000 cargos estarán en disputa y se anticipa la judicialización de elecciones, sobre todo en las contiendas de alcaldes, gubernaturas y diputaciones federales.
Pese a la relevancia de tener el sistema completamente cubierto, hay un total de 43 cargos electorales que deberán resolver sobre esos comicios, mismos que debieron haber sido nombrados por el Senado y no lo ha hecho, y en abril se generarán cuatro vacantes más, por lo que serán 47 magistrados por designar.
Desde octubre de 2021 hay 15 Tribunales Electorales estatales a los que falta un juzgador: Baja California Sur, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Y entre 2022 y 2023 se quedaron truncos 16 Tribunales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro –se añadió una vacante- Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En diciembre pasado, se agregaron dos vacantes en el de Nayarit con lo que 31 tribunales están incompletos y se sumará el de la Ciudad de México en abril.
Actualmente, operan a medias prácticamente todos tribunales estatales. En seis de ellos les faltan hasta dos magistraturas: Nayarit, Jalisco, Querétaro, Tabasco, Morelos y Sinaloa; en la Ciudad de México, en abril, habrá una vacante y en Aguascalientes en agosto ya serán dos las magistraturas faltantes.
A diferencia de otros órganos, sin embargo, existe una regulación clara de cómo deben cubrirse las vacancias en los tribunales electorales. En la mayor parte de ellos, entran como magistrados en funciones o por ministerio de ley los secretaros generales de acuerdos, o bien los secretarios instructores y de estudio y cuenta de la ponencia que quedó en vacancia.
Por ello, los tribunales toman ahora decisiones con personas que, si bien tienen trayectoria, no han sido designadas por el Senado, como ordena la Constitución.
Además de esos tribunales estatales hay seis salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una por cada una de las cinco circunscripciones, y una Especializada.
A la que tiene cabecera en Guadalajara y a la Sala Especializada les falta la presidencia y hoy ocupan ese cargo presidentes interinos.
El 19 de septiembre en comisiones del Senado la terna remitida por la SCJN para la Sala Especializada compareció y se avaló la idoneidad de las propuestas, pero el 3 de octubre el pleno del Senado la sometió a votación y ninguna de las tres propuestas alcanzó la mayoría calificada necesaria.
Así, esa Sala, que resuelve en primera instancia sobre quejas o irregularidades en que incurren aspirantes, precandidatos, candidatos, servidores públicos o concesionarios en materia de propaganda electoral o gubernamental, desde octubre y hasta marzo de 2024 estará bajo mando de una presidencia provisional.
A las Salas con cabecera en Monterrey, Toluca, Ciudad de México, les falta un magistrado y sólo está completa la Sala Xalapa.
Para cubrir las vacantes el pleno de la SCJN mandó cinco ternas desde 2022, pero éstas están congeladas por los senadores.
Sin embargo, este 2024 por fin podrían destrabarse al menos las designaciones de cuatro Tribunales.
Estos son Nayarit para designar dos magistrados y cubrir a los que concluyeron en diciembre; en Aguascalientes en sustitución del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, quien era juzgador por ministerio de ley y fue asesinado en noviembre pasado –aunque en agosto ese Tribunal tendrá una nueva vacante- y en la Ciudad de México donde en abril concluirá su encargo un juzgador.
El pasado 14 de diciembre el Senado modificó la convocatoria respectiva y se fijó el plazo “a más tardar el 9 de febrero” para realizar entrevistas y el 19 de febrero para tener un dictamen de idoneidad para designar cuatro magistrados en esos tres estados.
Elección presidencial, en veremos
Incluso la Sala Superior del TEPJF, que deberá declarar la validez o no de la elección presidencial del 2 de junio, sesiona a medias pero en ese caso no entran en automático magistrados en funciones o por ministerio de ley. La falta de juzgadores ocurre desde el 1 de noviembre pasado, pues dos de ellos concluyeron sus encargos.
En este caso la SCJN envió dos ternas una de varones y la otra de mujeres; los seis prospectos ya fueron entrevistados e incluso se preparó el dictamen de idoneidad para el cargo en sentido positivo, pero ahí se quedó estancado el relevo, al parecer por el veto presidencial, pues el coordinador de los senadores morenistas, Eduardo Ramírez, reveló involuntariamente que pidió “instrucción” sobre cómo votar al Poder Ejecutivo.
Este caso de la Sala Superior del TEPJF es especial, ya que para la declaratoria de validez de la elección presidencial y para declarar electa a la persona que gane la presidencia, o en su caso declarar la nulidad de la elección, esa Sala deber sesionar con cuando menos seis de sus integrantes.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación indica en su artículo 167 que a falta de magistrados de forma definitiva se designará a manera de suplente a nuevo magistrado o magistrada, de entre los integrantes de las Salas Regionales aquel que tenga mayor antigüedad o edad, y estará en funciones hasta en tanto el Senado selecciona al juzgador definitivo.
Esta fórmula podría ser aplicada en caso de persistir las dos vacantes que hacen que su pleno sesione desde noviembre con sólo cinco de siete magistrados.
La omisión en materia electoral es desde octubre de 2021 en que el Senado ha evadido elegir magistrados electorales estatales o de salas regionales y aunque ha emitido diversas convocatorias, no ha promovido los consensos para lograr la mayoría calificada necesaria para las designaciones.
De acuerdo al artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para las designaciones se requiere mayoría calificada en el Pleno del Senado.
Sistema anticorrupción trunco
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha sido cuestionado por el presidente López Obrador con el argumento de que es oneroso e inservible.
Un análisis presentado el 12 de diciembre pasado por Mexicanos Contra la Corrupción acreditó que desde nivel estatal al federal hay decenas de vacantes en Comités de Selección, Comités de participación Ciudadana o fiscalías, y en los estados responsabilidad de congresos locales.
Al Senado le corresponde no sólo la elección de comisionados del INAI sino de 71 magistraturas administrativas de las 29 salas regionales y estatales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), cuya función es conocer y resolver juicios en materia de corrupción.
Pero esos encargos permanecen acéfalos. Esos Tribunales se integran por diez magistrados que se desempeñan en sus funciones por un periodo de quince años.
Los prospectos a ocupar esos cargos son propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado por dos terceras partes de los legisladores presentes, de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El 8 de diciembre pasado, el presidente López Obrador solicitó, en escrito enviado al Senado, la ratificación de diez magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero el asunto se remitió a la Comisión de Justicia, donde quedó pendiente.
Designaciones por venir en 2024
Entre las más relevantes será la elección o en su caso reelección de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024. Rosario Piedra Ibarra concluye su gestión pero puede aspirar a repetir por otro periodo.
En febrero, concluirán los encargos de tres de los seis investigadores académicos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) pues fueron designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social para el periodo 2020-2024.
La tarea de estos es proporcionar asesoría técnica, discusión y análisis de la forma en que se coordina el monitoreo y la evaluación de la política de desarrollo social, así como la medición de la pobreza en el país. Podrán ser reelectos.
De acuerdo a Designaciones, un proyecto impulsado por Article 19 México- Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en este año que inicia se acumularán 24 pendientes.
Entre ellos dos vacantes en la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; una magistratura del Tribunal Superior Agrario, un espacio en el Consejo de la Judicatura Federal y desde 2022 una vacante en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) así como una designación más en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y las de tribunales electorales .
Designaciones calcula que de las 19 instituciones que monitorea, en este año serán en total 44 los nombramientos rezagados y nuevos, que deberá atender el Senado.
