
El Senado de la República aprobó la reforma al Código Fiscal de la Federación, que amplía las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y combatir la evasión y elusión fiscal.
Con 76 votos a favor y 38 en contra, las y los senadores respaldaron en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados. En la votación en lo particular, el proyecto fue aprobado con 76 votos a favor y 36 en contra y se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a varios artículos del dictamen, pero fueron rechazadas por la mayoría oficialista.
El dictamen incluye la adición del artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales que prestan servicios en México a permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información necesaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Esto significa operaciones en plataformas digitales de streaming, compras o servicios de transporte, entre otras. En caso de incumplimiento, se prevé el bloqueo temporal del acceso al servicio digital.
Además, Yunes Márquez señaló que el proyecto da continuidad al programa de regularización fiscal para personas físicas y morales, tomando como referencia el ejercicio contable 2024. Se establece también una tasa fija de retención de 0.9 por ciento sobre intereses y una tasa de recargos de 1.38 por ciento mensual sobre saldos insolutos en créditos fiscales.
El senador afirmó que el proyecto “va encaminado a proteger la salud pública, pues se fomenta la inversión y se consolida un entorno de certeza y legalidad para los actores económicos”, y que “el objetivo de la política fiscal no sólo es recaudar, sino redistribuir, corregir desigualdades, incentivar buenas prácticas y castigar los abusos”.
Por parte de Movimiento Ciudadano, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas expresó su preocupación por la reforma y aseguró que el cambio “trasciende en lo técnico y pone en riesgo los principios más elementales del Estado de Derecho”.
Colosio explicó que la reforma “obligaría a las plataformas digitales a permitir a las autoridades fiscales un acceso irrestricto en línea, en tiempo real y de forma permanente a sus sistemas internos”, y señaló que, aunque esto se presenta como un mecanismo para fortalecer la recaudación, “en realidad, abre la puerta a la vigilancia sin límites, a la censura administrativa y a una inseguridad digital que amenaza a millones de personas usuarias”.








