Aristegui.- El Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley del Infonavit que le permitirán a la institución construir y arrendar viviendas mediante la creación de una empresa filial.
El dictamen fue avalado en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, de Amalia García (MC) y de Ricardo Sheffield (Morena)
La minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
Morena
Blanca Judith Díaz Delgado, de Morena, destacó que “con esta reforma se resarcirá el daño de los neoliberales, porque vamos a construir viviendas y a arreglar el relajito que nos dejaron gobiernos en otro momento”. Afirmó que es una prueba del humanismo que se instauró con la Cuarta Transformación, porque habrá un acceso real a la vivienda.
PAN
Por el PAN, Gina Gerardina Campuzano González dijo que esta reforma preocupa, porque tiene el objetivo de “agarrar” los ahorros de los mexicanos. “Quieren agandallarse 2.4 billones de pesos, lo que afectará a 77 millones de familias. No tendremos ni idea de qué harán con esos ahorros, porque ni el gobierno podrá revisar a la empresa constructora que usará esos recursos”, señaló.
PRI
Del PRI, Mely Romero Celis manifestó que su grupo parlamentario está a favor de la vivienda digna y a bajo costo para los mexicanos, pero la reforma no busca eso, sino que está encaminada a tomar el control del Infonavit y el dinero de los trabajadores, ya que se elimina el “tripartismo”, que durante 53 años ha sido el sustento de esa institución.
PVEM
Waldo Fernández González, del PVEM, aseguró que con esta reforma se generan los mecanismos para financiar y construir vivienda digna, además de que faculta al Infonavit para que recupere aquellas que se encuentran abandonadas, a fin rentarlas a bajo costo con un tope de pago mensual y, en caso de que la puedan adquirir, se incluyan las rentas acumuladas.
PT
En tanto, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, señaló que con este proyecto se reafirma que el acceso a una casa propia no dependa de la especulación del mercado inmobiliario, ni de la “ambición” de grandes desarrolladoras, sino de una política pública eficiente y centrada en la justicia social. El fondo actual, dijo, es de los trabajadores y se destinará a la compra, mejora de vivienda o para su pensión.
¿Qué dice la reforma?
Las reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo señalan que los recursos del Infonavit o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Además, de forma periódica, el Infonavit informará en su página de internet sobre la “situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como los riesgos, relacionados con el fondo que contiene los recursos y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros asuntos que estime conveniente”.
Señala que la construcción de vivienda que realice el instituto fomentará el desarrollo económico local y la generación de empleos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisará y vigilará las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras derechohabientes, estableciendo un sistema de programas de autocorrección en caso de que exista algún incumplimiento de las normas aplicables.
La fiscalización del Instituto estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, la cual será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.
Subraya que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna.
