Señalan manipulación en abuso policial contra potosinos en Monterrey

"Si yo estoy acá, no es por yo quiera, es para darle un futuro a nuestros hijos". Fueron algunas de las últimas palabras que Gregorio dijo a su esposa. El joven tuvo que migrar a Monterrey junto con su familia, pues la pandemia de Covid19, terminó con su principal fuente de ingresos en Aquismón: el turismo.
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Imagen de redes sociales / A la izquierda Gregorio, abatido por la Fuerza Civil; a la derecha, su hermano Venancio, herido de gravedad en el ataque

Gregorio Santiago, uno de los jóvenes potosinos de origen indígena, procedentes del municipio de Aquismón, que fueron atacados a balazos por la policía de Nuevo León, conocida como la Fuerza Civil, llevaba apenas quince días de haber llegado a Monterrey. Debido a la pandemia, se quedó sin la fuente de ingresos con la que sostenía a su familia en el barrio Unión de Guadalupe, hasta donde los turistas suben para admirar y conocer el famoso Sótano de las Golondrinas. A falta de turistas, Gregorio se quedó sin trabajo.

En las fotos difundidas a través de los medios de comunicación, se puede ver a un hombre joven (20 años), de cuerpo delgado y siempre cubierto por el verde paisaje de su lugar de origen. Como él, muchas personas en la zona de la Huasteca Potosina, migran todos los años a la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en donde se instalan para emplearse en diversos trabajos, desde la industria metal mecánica, automotriz o de autopartes, hasta la albañilería y los servicios, como lo hacían Gregorio y sus hermanos, con quienes el sábado 26, se dispuso a tomar unas cervezas en la casa en construcción que ellos mismos levantaban, y donde al mismo tiempo pernoctaban, al sur de Monterrey.

La Fuerza Civil ingresó a la finca para supuestamente realizar una inspección, y en su caso, verificar que no estuviesen cometiendo una falta administrativa por el consumo de alcohol. Pero las versiones oficiales dadas a conocer tras la presión social sobre el caso, así como las recabadas por medios de comunicación locales y nacionales son contradictorias; la primera historia contada durante el fin de semana fue que uno de los policías a cargo de la inspección “reaccionó de manera indebida”, soltando trece disparos que mataron a Gregorio, a otro hombre de nombre Claudio Francisco, y herido a los otros tres presentes, todos de origen indígena.

Sin embargo, para el martes, la versión se había modificado, y ahora solo habían sido dos los disparos, que por la espalda, habrían terminado con la vida de los dos hombres, que solían ofrecer el servicio de guías de turistas en los parajes de Aquismón, pero que en Monterrey tenían que trabajar como albañiles. En una entrevista presentada en los noticieros de televisión locales, Elena, la esposa del Joven Gregorio, narró el dolor de la pérdida, y recordó algunas de las últimas palabras del padre de sus hijos: “Si yo estoy acá, no es por yo quiera, es para darle un futuro a nuestros hijos”.

Diversas asociaciones, activistas y colectivos han salido durante toda la semana a exigir el esclarecimiento de caso, y a denunciar el sesgo racista y discriminatorio que tuvo la Seguridad Pública de Nuevo León con los jóvenes potosinos. Y es que, la primer reacción del secretario de seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua, al ser cuestionado sobre el tema, fue declarar que estaba “enojado porque un pleito de borrachos terminó en la muerte de dos personas”. 

En rueda de prensa el martes 29, los activistas Carmen Farías, de la agrupación Zihuame Mochilla (Mujeres con esperanza), y Galileo Hernández Reyes, de Procuración y Justicia Étnica, en Monterrey, denunciaron que, dadas las contradicciones del caso y la evidente injusticia señalada por diversos grupos que están haciendo presión tanto desde el estado de San Luis Potosí, como desde el vecino Nuevo León, podrían estar modificando y manipulando la evidencia del crimen, probablemente para evitar inculpar a los elementos relacionados con el abuso, o para aminorar sus penas.

Este jueves, el secretario general de Gobierno en San Luis Potosí, Alejandro Leal Tobías, declaró que existe ya una solicitud al Gobierno del estado de Nuevo León, para que entregue un reporte puntual de lo ocurrido en la zona conocida como Los Cristales, al sur de la zona metropolitana de Monterrey, entre los municipios de Monterrey y Guadalupe. Al respecto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que su gobierno está abierto para que se realice el esclarecimiento del caso y la reparación a las víctimas.

 

Con información de El Universal, Pulso, Huasteca Hoy, El Norte, Milenio, Televisa Monterrey

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