Lo anterior porque para los expertos, la reforma al Poder Judicial es una prioridad del presidente,
“Definitivamente, la intención del presidente es sacarla en septiembre, a él le urge porque sería parte de sus últimas acciones de gobierno, sería como su legado”, explica Miguel Manrique, licenciado en Derecho y maestro en Políticas Anticorrupción por el Inacipe.
Y esa prioridad no es algo nuevo, dado que desde febrero de este año el presidente López Obrador envió la iniciativa para reformar al Poder Judicial a través de 16 cambios a artículos constitucionales para democratizar la impartición de justicia, la cual, en campaña, Claudia Sheinbaum abrazó e integró entre sus propuestas.
La velocidad con la que se ha concentrado el tema ha causado turbulencia en los mercados, además, el nerviosismo se explica porque la misma contempla que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano; también se incluye la reducción del número de integrantes de la SCJN, se fijen límite a los sueldos y se fije una disminución al tiempo para ocupar el cargo.
Reforma ocupa a Sheinbaum
La virtual presidenta fue clara desde hace meses respecto a la reforma al Poder Judicial, la cual incluyó en su eje de “República Segura y con Justicia”.
En los casi 200 mítines que realizó por todo el país, Sheinbaum preguntó a los ciudadanos:
“¿Cómo son los jueces en nuestro país?, ¿son buenos?”, acto seguido planteaba que no había mejor forma de elegir a los jueces que mediante voto ciudadano.
Ya en sus primeros días, la reforma al Poder Judicial ha ocupado gran parte de su agenda. Y ante la volatilidad de los mercados ha ofrecido diálogo, parlamento abierto, encuesta y ha garantizado que no debe haber ninguna preocupación porque México tiene una economía sólida.
La preocupación radica en que a la próxima presidenta, los mexicanos le dieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con lo que puede realizar prácticamente cualquier modificación a la Constitución.
En la reunión que sostuvieron el lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa de México acordaron que la reforma al Poder Judicial será una de las primeras a discutirse y, eventualmente, aprobarse en septiembre.
Arturo Zaldívar, ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte, es uno de los interlocutores de Claudia Sheinbaum para la reforma al Poder Judicial. Hace unos días adelantó que se harán los ajustes que se tengan que hacer a la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que abre la posibilidad de que a diferencias de otras reformas que fueron aprobadas sin moverles una coma, esta iniciativa sí tendrá cambios.
Ven riesgos en la reforma por su contenido
Expertos en Derecho alertan que la reforma al Poder Judicial representa riesgos para la justicia, la politización de jueces, magistrados y ministros e incluso incurrir en delitos como cohecho y contra la administración de justicia.
Velda Gamez, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explica que el Poder Judicial requiere cambios, sin embargo, la forma en cómo se propone atenta contra la independencia del Poder Judicial que es un contrapeso por sí mismo.
“Es importante que los poderes tengan pesos y contrapesos, ese es uno de los principios de la democracia, que no se tenga todo el peso o la fuerza en una sola persona, ni en una sola institución, porque cuando una sola persona tiene todo el poder, pues que caemos en otro tipo de sistemas de gobierno, el cual se supone que nuestro país se está buscando atacar”, sostiene.
Desde su llegada al gobierno, el presidente López Obrador manifestó su inconformidad con el Poder Judicial y aunque en su momento descartó enviar una iniciativa para reformarlo como lo hizo Zedillo, en febrero mandó su iniciativa. En ese momento, el presidente, su partido y aliados no tenían los votos necesarios para su eventual aprobación, sin embargo la elección del 2 de junio cambió el escenario, por ello, el mandatario federal ha metido el acelerador.
En el sistema político mexicano el Poder Judicial es el que pone límites al poder presidencial o a la labor del legislativo, protege también derechos y libertades, y garantiza que la letra constitucional se cumpla, por lo que tener en el Poder Judicial politizado y con integrantes que llegaron con el apoyo del voto ciudadano es un riesgo.
Miguel Manrique, del Inacipe, explica que esta iniciativa –si es aprobada como fue enviada– representa algunos riesgos, entre ellos, al buscar el voto ciudadano, sin financiamiento público, los integrantes del Poder Judicial pueden incurrir en faltas y en la administración de justicia.
“¿Cómo le van a hacer los aspirantes para tener dinero para sus campañas? El riesgo es que adquirirán compromisos con quien sea que los apoye, esto los llevará a incurrir en cohecho, en delitos contra la administración de justicia, son problemáticas que se desprenden de elegirlos por voto ciudadano sin recursos”, plantea.
Es peligroso en cualquier país que se considere democrático eliminar los contrapesos”, – Miguel Manrique, experto en Derecho.
La propuesta plantea que los ministros sean electos por voto en elecciones en el año 2025 y también implicaría riesgos para la administración de justicia: jueces, magistrados y ministros ocupados en campañas en lugar de la impartición de justicia.
“Va a haber demasiada exposición de la propia figura de los juzgadores; su trabajo no es hacer campaña, su trabajo no es ser popular, su trabajo es analizar lo que está sucediendo en nuestro país bajo los ojos de la Constitución sin estarse preocupando de generar el voto popular. El Poder Judicial no es políticamente activo”, agrega Velda Gamez.
“Van a tener que invertir tiempo en campañas, recurso, dinero, esfuerzo, en que la gente los conozca y ser figuras públicas”, – Velda Gamez, catedrática del ITESM.
