Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado se reunieron con la diputada federal morenista de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Araceli Ocampo Manzanares para denunciar violaciones a leyes laborales estatales, federales, y a tratados y convenios del México con la Organización Internacional del Trabajo, que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona comete en contra de empleadas y empleados estatales.
La legisladora federal se solidarizó con el movimiento laboral, en una reunión en donde estuvieron presentes trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, y agentes discapacitados que son obligados al servicio activo en las calles con horarios extenuantes, ahí en el encuentro, la diputada consideró criminal, la violencia, hostigamiento y discriminación del mandatario contra la burocracia, al violentar sus derechos humanos y laborales, ofreciéndoles el apoyo total de la 4 T.
En el Palacio de San Lázaro, con la representación de la Secretaria General del SITTGE, Ana Verónica López Chávez, el Subsecretario de Recursos Humanos del Sindicato, Jorge Cato Trujillo dio lectura y entregó una carta en donde el sindicato independiente denuncia despidos masivos injustificados, personal de seguridad discapacitado obligado al servicio activo en horarios agotadores, sin descaso, a los que cambiaron de municipio, sin viáticos, enumerando leyes y convenios violentados.
Ocampo Manzanares señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está en contra de los abusos de poder, y llama al trabajo en unidad entre autoridades y sociedad, destacando que la 4 T apoya la lucha por la justicia laboral del SITTGE, “los vamos a acompañar, los vamos a respaldar su lucha es nuestra lucha, eso que les quede claro, no me suelte, ni los voy a soltar” dijo tras respaldar la justa demanda de las y los empleados estatales, para que el gobernador cese el hostigamiento, y atienda todos los casos generales y particulares.
En la sede del Poder Legislativo Federal, los representantes del SITTGE revelaron a la legisladora el clima de acoso y hostigamiento, que el titular del ejecutivo, ha impuesto en todas las dependencias, entidades, organismos descentralizados y autónomos en contra del sindicato, para que las y los afectados reciban apoyo y protección de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión ante los abusos de la administración estatal.
En la misiva se detalla la denuncia por una campaña mediática activa en contra del SITTGE, integrantes, directiva, y de su fundadora, Francisca Reséndiz Lara, mediante desinformación, mentiras y promoción del linchamiento público, desde medios de comunicación del mandatario estatal, y otros a los que les paga, así como el propio gobernador que se refiere a sus empleadas y empleados con groserías, como “huevones” y “aviadores”, los amenaza y agrede violando normas laborales constitucionales, leyes federales, estatales, convenios y tratados internacionales.
Revela que el mandatario estatal con apoyo de su fracción parlamentaria local para realizar reformas ilegales a la ley estatal para las y los trabajadores estatales, pretendiendo desconocer derechos y prestaciones obtenidas desde hace más de 20 años, violentando el principio de la progresividad de los derechos, para actuar de manera retroactiva contra las y los empleados estatales, evitando también que éstos puedan acudir a instancias judiciales laborales, pues pretenden concentrar las decisiones únicamente en el poder ejecutivo estatal, dejándolos en la indefensión.
En la reunión se dieron testimonios de agentes de seguridad estatal discapacitados, a los que se les obligó a integrarse al servicio activo, y en caso de negarse, se les cambió de sede laboral, a municipios lejanos, sin viáticos, también trabajadores sindicalizados estatales, denunciaron que se les niega el acceso a su sitio de trabajo, alegando que se había terminado su contrato, sin ofrecerles alternativas, además de denunciar la prepotencia de directivos y funcionarios de primer nivel, al señalarles que los espacios laborales que dejaban, serían ocupados por recomendados del gobernador, para el pago de favores políticos durante la campaña, detallando que esto afecta a sus familias, a las que deja sin ingresos económicos para lo más básico.
