El Universal.-
Los presidentes de la Cámara de Diputados, diputado Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025.
A través de una impugnación, ambos legisladores expusieron que, con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución, 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada; mientras que 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
“El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés”, señala la querella.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna. Asimismo, insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, señaló Gutiérrez Luna.
Subrayó que el promedio mínimo no solo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.
Finalmente, solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.
¿Quiénes son las personas denunciadas?
Entre las personas denunciadas destacan Fernando Escamilla Villareal, Jute de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, señalado como abogado defensor de personas imputadas por pertenecer a la delincuencia organizada; Jesús Humberto Padilla Briones, Juez Administrativo Federal del Estado de Nuevo León, quien presuntamente fue puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud; Diana Monserrat Partida, Juez de Distrito en Materia Pernal del Sexta Circuito, señalada por haber dado libertad indebida imputados de delincuencia organizada; Francisco Herrera Franco, Juez de Distrito en Materia Pernal del onceavo circuito, acusado de tener vínculos con integrantes del crimen organizado; Francisco Martín Hernández Zaragoza, Magistrado del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, señalado de haber sido imputado por abuso sexual; así como Andrés Montoya Gancia, Magistrado Mixto de Tribunal Colegiado del Quinto circuito, presuntamente imputado por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de un periodista, entre otros.
