Suprema Corte de EU analiza demanda de México contra fabricantes de armas
La jornada.-
Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos decidió este viernes que examinará si impide que siga adelante una demanda de México contra los fabricantes de armas, a los que el gobierno mexicano acusa de facilitar el flujo hacia los cárteles de la droga.
México libra una guerra judicial contra fabricantes de armas estadunidenses desde 2021.
Ese año demandó a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país. Les reclama 10 mil millones de dólares.
Smith & Wesson e Interstate Arms solicitaron amparo a la Suprema Corte para intentar que se desestime la demanda del gobierno mexicano.
Un juez federal desestimó el caso en 2022 alegando que las reclamaciones de México tropezaban con las salvaguardias que protegen legalmente a los fabricantes de armas de fuego estadunidenses por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
Esta ley, aprobada por el Congreso en 2005, exime a los fabricantes de armas de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Un tribunal de apelación resucitó el caso, citando una excepción a la ley.
Según el gobierno mexicano, entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas por esas empresas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos.
México asegura que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas encontradas en las escenas de crímenes proceden de Estados Unidos. En su territorio es muy difícil comprarlas legalmente.
México registró más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
Siempre que puede el gobierno mexicano insiste a Washington que este problema es una prioridad.
El gobierno del presidente demócrata estadunidense Joe Biden le da la razón. El fiscal general Merrick Garland lo ha calificado de “reto acuciante”, junto con el tráfico de fentanilo y de migrantes.
