Suprema Corte validó juicio político contra Samuel García; no abandonará gubernatura de Nuevo León

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició un juicio político contra el mandatario local en enero de 2023

Infobae.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el Congreso de Nuevo León continúe con el juicio político abierto en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, tal como lo solicitó la Comisión Anticorrupción en enero del año pasado.

Por unanimidad de votos, aunque con la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, fue validado el proceso legislativo contra el mandatario local por presuntas irregularidades en su administración; sin embargo, también se resolvió la controversia que presentó el político neoleonés tras la decisión de la comisión del Congreso en su contra.

Ante esto, en la sesión del martes 21 de mayo, las y los ministros tomaron la decisión de declarar inconstitucional la normativa del párrafo segundo del artículo 203 de la Ley de Juicio Político que determina que la persona acusada se tiene que retirar del cargo, por lo que el militante de Movimiento Ciudadano (MC) seguirá al frente de la entidad del norte del país durante este proceso.

Aunado a lo anterior, en el pleno del máximo tribunal del país se detalló que las y los integrantes del Poder Legislativo neoleonés no cuenta con las facultades para determinar la separación del cargo de un gobernador, por lo que recordaron que es una facultad del Tribunal Superior de Justicia debido a que se necesita una sentencia.

Es importante declarar que, entonces, sólo si el Congreso local considera que García Sepúlveda incurrió en faltas graves, el emecista deberá dejar la gubernatura de la entidad, si no, podrá seguir en el cargo; sin embargo, la decisión final será del Tribunal Superior de Justicia del estado. Además, durante el proceso deberá seguir con las funciones que marca la Constitución de Nuevo León para su encomienda.

“Se declara la invalidez del artículo 203, párrafo segundo, en su porción normativa el acusado queda solo por ese hecho separado de su cargo y la Constitución Política del Estado libre y soberano de Nuevo León, reformado mediante el decreto número 248″, estableció la Suprema Corte.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García a inicios de 2023; no obstante, el proceso se detuvo cuando el militante del Movimiento Ciudadano promovió un juicio contencioso administrativo que fue admitido a trámite. La Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa concedió una suspensión, impidiendo que avanzara el proceso en el legislativo local.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León respondió un mes después con una controversia constitucional contra la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta fue aceptada y resultó en la invalidez de la suspensión a favor de García Sepúlveda.

Según la resolución del Poder Judicial del estado, “se instruye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León para que, dentro del término de tres días, dicte las medidas necesarias y sobresea el juicio en mención”.

A pesar de esta resolución, el posible juicio político permaneció detenido. Esto se debió a que García Sepúlveda obtuvo una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo, impidiendo así que el proceso avanzara más.

La situación se complicó cuando el Congreso de Nuevo León tomó la decisión de nombrar a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, durante la licencia que García Sepúlveda pretendía utilizar para buscar la candidatura a la Presidencia de la República.

Este nombramiento provocó una intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tuvo que resolver la crisis institucional en el estado. El 1 de diciembre pasado, la SCJN dictaminó: “la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de gobernador interino”; sin embargo, la situación dio un giro tres días después, cuando Orozco Suárez renunció a su cargo, permitiendo que Samuel García Sepúlveda reasumiera sus funciones como gobernador y dejando sus aspiraciones presidenciales.