Animal Político.- Tras casi una década de activación de alertas de género en el país, que ya alcanzan al 69% de las entidades, las tasas de homicidios y desaparición de mujeres lejos de decrecer siguen aumentando, de acuerdo con un análisis de Data Cívica.
De diversos grupos de municipios y estados considerados para esta evaluación, en la mayoría la tasa de homicidios de mujeres ha seguido subiendo a pesar de la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En particular, en el conjunto de municipios donde se activó en 2015, para 2020 se registró una tasa de homicidios de mujeres de 6.6 por cada 100 mil, 1.8 puntos más alta que cuando se decretó la alerta.
En aquellos municipios donde se activó en 2016, para 2020 la tasa también fue mayor, mientras que solo disminuyó ligeramente en aquellos donde se decretó en 2018. En cuanto a los correspondientes a 2017 y 2019, la tasa de homicidios se mantiene muy parecida.
Otros dos indicadores considerados para el análisis interactivo Ciudadanizar y evaluar las Alertas de Violencia de Género desde las organizaciones de la sociedad civil son la tasa de feminicidios y la de mujeres desaparecidas y no localizadas. “¿Cambian las tendencias en estos dos indicadores antes y después de que se activó la AVGM?”, cuestiona Data Cívica. “Nuestra respuesta es no”.
“La tendencia de la tasa de feminicidios no parece cambiar de manera importante ni sostenida en el tiempo a partir de que se activa la AVGM. Además, vemos que el promedio de la tasa de feminicidios en todos los municipios del país se mantuvo casi sin cambios desde 2005, y algo similar ocurre separando los municipios según año en que se activó la alerta”, sostiene la organización.
Respecto de la tasa de mujeres desaparecidas, tampoco cambia de sentido de manera sostenida tras la activación de las alertas. De hecho, al contrario de los feminicidios, la tasa de mujeres desaparecidas va en aumento tanto en los municipios con alerta activada como en el resto. En particular, aquellos municipios donde se activó la AVGM entre 2015 y 2019 tienen niveles más altos o iguales al promedio nacional de mujeres desaparecidas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 27 mil 035 mujeres permanecen en ese estatus hasta el cierre de esta publicación, casi el 25% del total nacional de personas desaparecidas. La mayor parte se distribuye en los rangos de edad de 10 a 14 años (2 mil 955), 15 a 19 (6 mil 836), 20 a 24 (3 mil 270) y 25 a 29 (2 mil 891).
Data Cívica precisa que el número de mujeres desaparecidas y no localizadas creció de manera preocupante en 2019 para el grupo de municipios donde se activó la alerta en 2015 —los primeros—, entre los que se encuentran localidades del Estado de México y Morelos. Por ello, la organización exhorta a poner el foco en la problemática de desaparición de mujeres en dichos municipios.
“En los tres indicadores considerados de violencia feminicida no cambian por lo general las tendencias que se venían mostrando antes de la activación de la AVG. No se ven cambios drásticos ni sostenidos en el tiempo que reporten la disminución de los indicadores de violencia”, concluye la organización.
“Tipo de municipios” sí cambia
Lo que sí se observa a lo largo del tiempo es un cambio en el “tipo de municipio” donde se declaran alertas. Mientras que en 2015 y 2016 esto sucedió en localidades con más altos niveles de violencia feminicida y menos capacidades locales —presupuesto, infraestructura y personas trabajadoras dedicadas a la seguridad pública—, a partir de 2017 la AVGM empezó a activarse en municipios menos violentos y más capaces que el promedio nacional.
Para Data Cívica, es posible que los municipios con alerta se parezcan cada vez más a los que no cuentan con ella no como resultado de las acciones derivadas de la AVGM, sino debido a que los motivos para declararla podrían estar cada vez menos vinculados a la falta de capacidades locales y los altos niveles de violencia, y cada vez más a razones políticas.
“Consideramos el caso de la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum), al tomar el poder en el 2018, decidió activar la alerta sin pasar por los cuatro pasos estipulados por la ley para su declaración. Se ha sugerido que esta acción respondía a la presión de las activistas y organizaciones de la sociedad civil feministas, más que al diagnóstico realizado por el grupo de trabajo”, describe el informe.
Mediante este análisis, Data Cívica recupera que las AVGM han logrado visibilizar la problemática de violencia hacia las mujeres y se han invertido recursos para que las autoridades puedan atenderla; sin embargo, sigue sin existir una política pública que permita prevenir la existencia de este tipo de violencias y ese es el principal desafío para que las mujeres realmente puedan vivir una vida libre de violencia.
La larga historia de las alertas de género
La AVGM es un mecanismo de protección previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el artículo 22 de esa ley, se trata de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en territorios determinados (municipios o estados) para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
La declaración de una alerta contempla cuatro etapas: la admisión de la solicitud de AVGM, presentada por organizaciones civiles u organismos de derechos humanos; la conformación de un grupo de trabajo para atender la solicitud, conformado por personas funcionarias y académicas; la investigación del grupo de trabajo mediante una visita, informe de conclusiones y propuestas, con seis meses para cumplirlas, y la dictaminación para declararla o no con base en el cumplimiento.
De acuerdo con Data Cívica, en 2015, año de declaración de las primeras AVGM, se registraron en México 811 homicidios dolosos de mujeres en actas de defunción que cumplían las características —desde la tipología definida por la organización— para ser caracterizados como feminicidios. Además, hubo 2 mil 326 homicidios de mujeres (3.7 por cada 100 mil) y mil 018 mujeres desaparecidas (1.6 por cada 100 mil).
Para agosto de 2022, 23 de 32 estados (69.7%) tenían al menos un municipio con AVGM. Siete entidades (21.2%) tienen alertas declaradas a nivel estatal y el número de municipios con AVGM llegó este año a 851 (34.4% del total). Entre 2016 y 2017, se dio el mayor incremento de municipios donde se declaró la alerta, cuando pasaron de 75 a 310. La primera solicitud se dio en 2014 en el Estado de México y las últimas declaraciones corresponden a 2021 en municipios de Baja California, Sonora, Tlaxcala y Chihuahua.
Data Cívica también documenta que, de acuerdo con defensoras de derechos humanos, las razones que las motivaron a solicitar la AVGM también estuvieron relacionadas con el crecimiento de casos de violencia familiar y violencia sexual, la segunda tanto en el hogar como en la vía pública. El feminicidio, sin embargo, no deja de guardar una relación estrecha con la violencia familiar, que tiene diversas formas de expresión, como amenazas, lesiones, agresiones sexuales o privación de la libertad.
Desde la perspectiva de las activistas, en los casos documentados por la organización, la respuesta respecto de si la AVGM está funcionando o no es diversa y responde al contexto de cada estado y municipio. En algunos, se reconoce que ha servido para visibilizar problemas relacionados con la violencia de género contra las mujeres, entre ellos la falta de políticas públicas. Pero, en muchos otros, la alerta no ha sido una solución ni ha logrado frenar la emergencia. Actualmente, aseguran los colectivos, su impacto es casi nulo pues tanto la metodología como los criterios para su aplicación siguen sin ser del todo claros.
Michoacán, una muestra
Durante la presentación del informe, Circe López, de la asociación Humanas sin violencia, de Michoacán, recapituló el surgimiento de la solicitud de AVGM en la entidad. Desde 2008, su organización había comenzado a hacer el mapeo y diagnóstico de los delitos y las violencias contra las mujeres. Incluso, con una georreferenciación del incremento de la violencia a partir de la guerra contra el narco.
En 2014, presentaron el informe que detonó la declaración de la alerta en la entidad, en gran medida a partir del asesinato de la estudiante de enfermería Cassandra Bravo. En enero de 2015 se echó a andar el mecanismo y la declaratoria se dio, finalmente, hasta 2016. Desde entonces, han insistido en que la procuración de seguridad y justicia es insuficiente, con acciones que no consideran otros factores en la entidad, como la presencia del crimen organizado, la creación de autodefensas y el clima de violencia generalizada.
López subrayó que en Michoacán las alertas demostraron que todo lo construido anteriormente en materia de política pública era una simulación y no existían acciones preventivas. Relató que hace unos días recibieron un dictamen que es, en primer lugar, incompleto, pues las organizaciones saben mucho más sobre la alerta que aquello que se estipula en los documentos oficiales. “El dictamen solo vuelve a transitar sobre lo que no funciona”, reclamó.
Por otro lado, desde su perspectiva, la alerta ha deshumanizado a las mujeres: “Eres ciudadana en tanto víctima, y no lo contrario, y eso es brutal”. Además, no se ha desarrollado una política pública dirigida a la desigualdad que está en la base de las violencias, y que permita, por ejemplo, erradicar la feminización de la pobreza.
Otro aspecto no contemplado es la necesidad de impulsar políticas públicas para la atención a la violencia familiar, pues no se establece una relación entre los diferentes tipos de violencia que denuncian las organizaciones, que en el caso del diagnóstico de Michoacán fueron principalmente desapariciones, embarazo adolescente y feminicidios.
“Lo que no hemos podido contener, y lo que a mí me preocupa mucho, son los homicidios de las mujeres; no hay una política, porque justamente al vaciar la seguridad pública es que tenemos esa manifestación de homicidios y de muertes y de agresiones hacia las mujeres en ese espacio público, que no está contenido porque está vaciado de la presencia institucional y no le quieren entrar a eso”, dijo.
“Lo que vemos es una generación de acciones que no van a ningún lado, que no resuelven el problema, que es un chorro de dinero, y además que, cada tres años, a nivel municipal, se enfrenta un desafío brutal porque terminamos iniciando nuevamente. Creo que habría que mirar desde otros puntos de vista cómo estas herramientas nos sirven para poder señalar aquellos puntos en los que necesitamos discutir, echarnos un clavado, ir más profundo”.
