Latinus.-
Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial retomar de inmediato el proceso de selección de aspirantes a jueces, ministros y magistrados.
Se ordenó dar vista y denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez Primero de Distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, que concedió una suspensión definitiva para ordenar a los comités de los tres Poderes de la Unión, suspender el proceso de selección.
El Tribunal Electoral también acordó presentar una queja correspondiente contra dicho juez ante el Consejo de la Judicatura Federal.
También se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se pronuncie sobre la situación de las personas que se registraron como aspirantes a juzgadores, y que eventualmente no serán consideradas candidatas del Poder Judicial.
La magistrada Mónica Soto, presidenta del TEPJF, presentó al pleno de la Sala Superior un proyecto donde planteó ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial reactivar los trabajos de selección de candidaturas.
La magistrada dijo que el Comité de Evaluación debe sujetarse a las reglas y principios que atañen a la materia electoral, y a las responsabilidades que le dio la reforma judicial en la Constitución.
“No quiero perder la oportunidad de remarcar la supremacía constitucional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral”, dijo Soto Fregoso.
Además, resaltó que dicho Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por lo que no es posible que alguna otra autoridad ajena a esta materia pretenda sujetar la jurisdiccional a una medida cautelar emitida dentro de un juicio de amparo.
El proyecto fue respaldado por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Alfredo Fuentes, y el voto en contra de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que en este caso había una una duda competencial, que tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Antes de ello, antes de recurrir, o más bien, de no recurrir a las vías institucionales para resolver este tipo de conflictos, me parece que no se justificaría saltarla y una vez que efectivamente se pueda empezar a configurar afectaciones a los derechos político-electorales, entonces llegará el momento en el que la Sala Superior una vez habiendo intentado la cuestión competencial, en mi opinión, tenga que decidir si la Suprema Corte continuara sin resolver los conflictos competenciales o las controversias sobre criterios que tenga en su trámite”, señaló.
La magistrada Janine Otálora secundó ese planteamiento, de que debería ser la Suprema Corte quien debía de aclarar la duda competencial.
“No comparto la denuncia penal al juez de distrito ante la Fiscalía General de la República, me parece que es hacer intervenir la materia penal en temas de criterio jurídico que en última instancia competen al Consejo de la Judicatura Federal”, señaló la magistrada, en cuyo planteamiento fue respaldada por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
