Torres Sánchez abre la puerta para la creación de fiscalía especializada en feminicidios
Blakely Morales
Tres horas de duración tuvo la comparecencia ante la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, por parte del Secretario General de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez, en la que fue interpelado en torno a diversos temas incluida la exigencia de la organización Amnistía Internacional, de crear una Fiscalía especializada en feminicidios.
Presumió que en lo que va del 2022, han ocurrido y se tienen documentados hasta ahora 7 feminicidios, 17 menos que los ocurridos en 2021, cuando se registraron 24.
A preguntas de la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien recordó a Torres Sánchez sus declaraciones recientes, en las que aseguró que una fiscalía de ese tipo solo engrosaría la burocracia, el secretario rectificó y aseveró que de ser necesaria, “El gobierno del estado no va escatimar ni un solo centavo en procurar justicia para las mujeres”.
Sin embargo, insistió en que “lo verdaderamente importante no es el título” sino la eficiencia de un ente fiscal, y que de ser necesario, el Ejecutivo apoyará la creación de una Fiscalía especializada desde el presupuesto, pero aseguró que la administración gallardista está concentrada en destinar recursos a la prevención, “para que no ocurran” feminicidios, pues dijo “sería lo deseable”.
En cuanto la función de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dijo que en un año ésta oficina ha atendido a 7 mil 549 personas, de las cuales el 55 por ciento fueron mujeres. Calculó que los delitos de mayor incidencia han sido la violencia familiar, homicidio y robo calificado, con una erogación de más de 5 mdp en ese rubro, para 2 mil 020 apoyos de ayuda inmediata.
Aseguró que para este 2022 el presupuesto total de la CEEAV fue de 42 millones de pesos, pero que se está contemplando aumentarlo en 12 mdp más, con la finalidad de incrementar el número de contratación para personal de asesoría jurídica y asesoría.
Sobre los programas sociales, Torres Sánchez aseguró que incluso el programa de becas para el transporte público para estudiantes, quedará incluida como una obligación para las próximas administraciones, elevándose a rango constitucional.
