El nuevo Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones reconoce que habrá una mayor incidencia de problemas de salud mental entre la población, que actualmente batalla para obtener atención en el sistema público.
Animal Político.- Después de más de un año de tratamiento en el sector privado y cinco intentos para ser referida a la especialidad de psiquiatría en el IMSS, Laura sigue sin recibir el servicio en el sector público por “agenda cerrada”. Mientras tanto, las autoridades de salud proponen como solución un Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, que pretende unificar los esfuerzos de las instituciones públicas en un país donde una tercera parte de la población presentará un problema asociado a salud mental y 79% no recibirá tratamiento oportuno, según ese mismo documento.
Hace más de un año, Laura, de 33 años, comenzó a tener síntomas cada vez más fuertes de depresión y ansiedad. La terapia psicológica que tomaba dejó de ser suficiente. Al principio, ella misma no estaba segura de si su percepción podría estar equivocada o si realmente tenía un padecimiento a diagnosticar. En ese momento vivía en un departamento en la Ciudad de México, con un trabajo y una vida independiente, y con el seguro social que le proporcionaban como prestación.
“No sabía qué me estaba pasando o si estaba exagerando, o qué sucedía porque no hay tanta información realmente sobre salud mental”, señala. Finalmente, decidió consultar a una psiquiatra privada, que confirmó el diagnóstico de depresión y ansiedad. A partir de entonces, fue necesario que comenzara a tomar fármacos y a acompañar el tratamiento con psicoterapia. Los síntomas ya habían ocasionado que no pudiera continuar con su trabajo, por lo que regresó a casa de su familia en el Estado de México.
“Cuando vimos, no estaban en el cuadro clínico porque en ese entonces me recetaron escitalopram. Me dijeron que ese no estaba y como acepté lo del pase a ginecología, resultó que tampoco había (citas en esa especialidad), estaba la agenda cerrada, no pude llegar, y después, como ya no tenía trabajo ni seguro, lo que hice fue ir al Instituto Nacional de Psiquiatría”, relata Laura. Acudir ahí representó un gran impacto para ella, porque no había imaginado nunca que pudiera requerirlo.
Sin embargo, le sorprendió recibir, a diferencia del IMSS, un trato muy amable, desde las personas que estaban en recepción y vigilancia. Los resultados de la preconsulta, en contraste, no fueron tan positivos: le dijeron que no podían atenderla porque solo atendían casos de más gravedad, como esquizofrenia o intentos de suicidio, y que sus síntomas no eran tan graves. La opción era canalizarla a una clínica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pero solo había consultas hasta dentro de dos meses.
Sintió que no podía esperar y volvió a la atención psiquiátrica en el sector privado. Después de un tiempo, el escitalopram no resultó lo más adecuado para su organismo, por lo que finalmente fue sustituido por venlafaxina. Hace unas semanas, comenzó a costarle trabajo encontrar ese medicamento a la venta, pero ya había empezado a trabajar en un empleo donde sí tenía IMSS y ya tenía conocimiento de que la venlafaxina sí estaba en su cuadro.
Como había tenido algunas recaídas, acudió a la Clínica 61, en Naucalpan, con el diagnóstico y tratamiento que ya tenía para ver si podían, de nuevo, ayudarla solamente a obtener el medicamento. Supo que tenía que seguir un proceso: ver primero a una psicóloga para que la valorara y determinara su pase a psiquiatría. Así lo hizo, pero hasta el momento no ha recibido atención psiquiátrica ni medicamento. El pase ha sido rechazado por “agenda cerrada”, lo que significa, según le explicaron, que no hay consultas disponibles ni saben cuándo va a haber nuevamente.
“Me dijo la doctora que pueden pasar meses y que tengo que insistir, ir cada semana con la asistente médica para ingresar la solicitud con el pase médico. Ella me dijo que a los tres meses se vence esta hoja, ese pase que me dieron; entonces, si se vence y no he recibido alguna consulta, tengo otra vez que solicitar otro pase. Ya van cinco veces que cada semana he ido a ingresar la solicitud, y las cinco la han rechazado”, lamenta Laura, quien mediante ese pase tendría que acceder a la Clínica de especialidades 194.
“Les comenté desde el principio que necesitaba el medicamento, que me urgía mucho porque me sentía muy mal. A pesar de que lo tomo, sí tengo recaídas; después ya como que me estabilizo un poco, pero les comenté que era muy necesario porque ya me estaba costando trabajo encontrar el genérico donde lo compraba y por eso decidí ir al IMSS. Prácticamente, estoy ahorrándoles lo de la psiquiatra, la psicóloga y los demás medicamentos, y pedía ya únicamente que me ayudaran a acceder a ese; no es porque yo quiero o me guste estar medicada, solo que sí lo necesito”, insiste.
Según el Plan Sectorial difundido por la Secretaría de Salud federal, en el IMSS anualmente se otorgan más de 3 millones de consultas de salud mental, el 79% atendido por el primer nivel de atención. Sin embargo, solo un 19% corresponde al segundo nivel —especialidades— y 2% al tercer nivel. Tanto en esta institución como en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, los principales diagnósticos han sido trastorno de ansiedad, depresión y trastornos por consumo de sustancias.
Pendientes, falta de recursos humanos y bajo presupuesto
Tras la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) el 29 de mayo de 2023, y el nombramiento como su titular de Juan Manuel Quijada Gaytán, hace unos días autoridades de distintas instancias de salud presentaron el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, que pretende ser un hilo conductor para convertir el trabajo sectorizado en una suma de esfuerzos e iniciativas de cada institución de salud, así como generar redes integrales de servicios de salud mental.
En el mismo documento se reconoce que, a pesar de que los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por discapacidad y contribuyen a la pérdida de productividad y costos indirectos para la sociedad, existen pendientes en cuanto a la atención a la salud mental y adicciones: servicios de atención fraccionados y débiles, recursos humanos especializados insuficientes —un médico psiquiatra por cada 200 mil habitantes—, acceso insuficiente a los servicios de atención, y falta de información e investigación en salud mental y adicciones.
El acceso insuficiente a los servicios conlleva, de acuerdo con las autoridades de salud, a la brecha de tratamiento, retraso en el diagnóstico temprano y oportuno, así como el manejo integral, lo que tiene consecuencias en el pronóstico tanto para la vida como para la función de la persona. Incluso, las personas con esquizofrenia y trastornos mentales graves fallecen entre 10 y 20 años antes que la población general, la mayoría por enfermedades físicas prevenibles.
En México, los trastornos mentales, neurológicos, por consumo de sustancias y el suicidio causan 16% de todos los años de vida ajustados por discapacidad y 33.5% de todos los años vividos con discapacidad, además de representar la mayor carga de todos los grupos de enfermedades en las personas de 10 a 45 años, mientras se asigna solo alrededor de un 0.7% del PIB a la salud mental, según se reconoce en el propio documento.
Mediante una búsqueda en internet, se constató que el IMSS y el ISSSTE, en vínculos secundarios, solo ofrecen recomendaciones y descripción de sus servicios, sin vías de contacto directo, mientras que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) ofrece en su página de entrada una liga a documentos e investigaciones sobre salud mental, y el contacto de la Línea de la Vida. En tanto, el Instituto Nacional de Psiquiatría despliega en su página de entrada sus teléfonos para personal médico, pacientes y ciudadanía en general, pero la preconsulta es siempre necesaria y una cita posterior puede tardar más de un mes, mientras que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ofrece como única opción en sus redes sociales llamar a la Línea de la Vida 800 911 2000.
El modelo unificado que plantea el Plan Sectorial se basará, según el gobierno federal, en tres directrices: la atención primaria en trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, la cobertura universal y gratuita mediante la regulación, asignación y destino de los recursos, y la intersectorialidad entre dependencias públicas. Para ello, se plantean cuatro objetivos específicos relacionados con la provisión de visión y dirección al sistema de salud, el diseño de un plan educativo para recursos humanos especializados y no especializados, y el incremento en la calidad de los servicios, así como en la información e investigación.
