Mujeres víctimas de San Luis Potosí se manifestaron frente al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López y las autoridades que llevaban a cabo la inauguración de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos sexuales, afirmando que en San Luis Potosí no hay justicia para quienes padecen un viacrucis frente a sus violadores.
En la calle 5 de Mayo en el Barrio de San Miguelito donde también inauguraron el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, se apersonaron Teresa Carrizales, Marichuy, Griselda Haro y otras quejosas que a pulmón partido gritaban la desigualdad de condiciones en materia jurídica que existen en San Luis Potosí y la impunidad que prevalece desde las propias instituciones.
Marichuy quien ha sido víctima de acoso sexual en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, SEDUVOP, afirma que su acosador sigue laborando ahí, a pesar de que ya se dictó sentencia y afirma que el gobierno del Estado lo protege “7 años de lucha para que para que lo estén protegiendo, sigue trabajando mi acosador y cuando me ve me sigue atacando”.
Teresa Carrizales quien interpuso un juicio político contra Javier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí, por desalojo arbitrario de su oficina cuando era oficial del Registro Civil, indicó que no hay derechos humanos ni justicia para nadie.
Otra mujer, Griselda Haro, quien proviene de la comunidad de la Noria de San José, denunció detenciones ilegales de mujeres y niñas, incluida la de ella, misma que se dio bajo la orden del titular de la Ministerial del Estado, José Guadalupe Castillo Celestino “hace cuatro años nos detuvieron, yo misma fui llevada a la PGR confundida con delincuente, nos detuvieron cientos de elementos por sus órdenes”.
Sostuvieron que la inauguración de este edificio es un insulto y una simulación debido a que no han visto justicia para quienes desde hace años han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, FGE, donde tampoco les hacen caso “no tenemos ayuda nadie, quién nos garantiza nuestros derechos humanos, nadie nos ayuda, ni en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas nos apoyan, con la reelección de Jorge Vega Arroyo no nos va a ayudar en nada”.
