Video evidencia manipulación en caso Ayotzinapa; estuvo oculto siete años

Personal no ministerial manipuló evidencia en el basurero de Cocula, Guerrero, el 27 de octubre de 2014, horas antes del arribo de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que descubrieron los restos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló un video, grabado a través de un dron de la Semar, que no constaba en las investigaciones oficiales, en el que se observa presuntamente a marinos manipular evidencia en el basurero de Cocula, Guerrero, horas antes del arribo de funcionarios de la PGR, incluyendo el procurador Jesús Murillo Karam y el fiscal Tomás Zerón, además de peritos de la institución para la diligencia en la que se “descubrieron” los restos de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos.

De acuerdo con la explicación de Ángela Buitrago, integrante del GIEI, el video fue grabado la madrugada y mañana del 27 de octubre de 2014 y por instrucciones superiores mantenido en secreto hasta noviembre de 2021, cuando se entregó una copia a este grupo de especialistas por orden del Presidente y que hace unos meses fue visto por él.

“Intervención de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las 6 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana, ingresó desde la madrugada por una autoridad no ministerial, pero lo más importante: toda esa información que la tenemos hoy, la desconocimos durante siete años y nunca fue entregada ni a la investigación ni a peritos cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocula”.

La grabación de más de dos horas muestra que a las 6:42 de esa mañana llegan dos camionetas de la Semar y se estacionan en la parte alta del basurero. Sacan algunos bultos de la unidad y los manipulan. Instantes después, de acuerdo con el video, bajan a la hondonada, encienden una especie de fogata que se quema en 10 minutos y los bultos anteriores desaparecen de la toma.

“Desde ese punto de vista podemos decir que antes de —no podemos decir que sin conocimiento—, se modificó la escena. Y cuando hablamos de modificación en términos criminalísticos entiéndame que cualquier cambio son elementos que alteran la escena”, señaló.

Durante la lectura del informe en el que se encontraban presentes familiares de los 43 estudiantes normalistas y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, otro de los especialistas, Francisco Cox, afirmó de forma contundente que a más de siete años de estos hechos violentos no hay posibilidad de encontrar con vida a los desaparecidos.

“Lamentablemente, hasta el momento, y esto es una noticia dura, no tenemos ninguna noticia de indicaciones de vida de los 43 estudiantes. Cada una de las investigaciones que se han podido recabar por parte de la unidad especializada y el GIEI dan cuenta de fosas y no de lugares en vida.

“En este sentido, resulta fundamental que las autoridades encargadas de entregar esta información tengan la sensibilidad de no crear falsas expectativas en los familiares de los 43”, dijo.

El GIEI confirma, luego de tener acceso a documentos del CISEN y la Sedena, que las autoridades de seguridad federal y local, desde antes del 26 de septiembre de 2014, mantenían un seguimiento de las actividades de los normalistas que no se detenían sólo en el monitoreo u observación externa, sino con la existencia de al menos tres agentes de inteligencia que eran, a su vez, estudiantes de la Normal Rural (uno de ellos que está entre los estudiantes desaparecidos) y que reportaban todo a sus superiores.

“Hay una orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los estudiantes dos días antes del 26 de septiembre. Es decir, las autoridades de aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto lo que ocurría.

“Esto es muy importante, y es de los hallazgos que hemos tenido porque los mismos estudiantes que iban en los autobuses estaban infiltrados, había agentes de inteligencia con lo que llaman en los documentos militares ‘fachada de estudiante’ que se encontraban en los autobuses e informaban de lo que acontecía”, contó Claudia Paz y Paz.

Los expertos independientes rechazaron calificar si se trató de un crimen de Estado la muerte de los 43 estudiantes. Señalaron que las investigaciones que deberá seguir la FGR, a través de la unidad especial, es la que podría llegar a ese tipo de conclusiones.

Por parte de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Hilda Hernández, aceptó el Tercer Informe del GIEI al tiempo que pidieron conocer la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Basurero de Cocula

La grabación muestra que a las 6:42 de esa mañana llegan dos camionetas de la Semar y se estacionan en la parte alta (Zona A) del basurero. Minutos más tarde arriba una tercera unidad. Sacan algunos bultos de la unidad y los manipulan. A las 6:52 horas uno de los vehículos cierra el acceso al basurero y momentos después descienden a la Zona B y caminan por el lugar (donde  más tarde se confirmaría la existencia de restos humanos).

A las 8:13 arriba una camioneta de la Policía Federal, pero no la dejan ingresar. A las 8:30 horas llega un convoy de la PGR y Semar. A las 8:31 descienden a la Zona B y permanecen varias personas caminando por la zona por varios minutos, donde después levantarían restos óseos. A esa hora (8:31) arribó el procurador federal, Jesús Murillo Karam. A las 8:48 regresan a la Zona A. A las 9:20 arriban vehículos de la Sedena.

Hay resistencias: Segob

Luego del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que aún enfrentan resistencias por parte de funcionarios de instituciones como la FGR y los tribunales de justicia para avanzar en el esclarecimiento total de este caso, cuando se han cumplido 90 meses de esto hechos violentos.

Reconoció que en estos casi 8 años han muerto, en su mayoría ejecutadas, 22 personas que tuvieron algún tipo de relación con lo ocurrido en septiembre de 2014 o formaron parte de la investigación como servidores públicos y testigos.

“Yo creo que estas 22 personas que han fallecido, 20 han sido ejecutadas, algunos por distintos niveles de su participación, pero gente importante que pudo haber generado información para ir a fondo y algunos, gente que había colaborado con nosotros”.

Dijo que se han reforzado las medidas de seguridad con testigos claves de la investigación y con las propias dependencias encargadas de compartir información como fue el caso de la Semar, que en noviembre pasado entregó el video que ayer se hizo público.

Con información de Excelsior