Impiden el paso a autoridades a un pueblo chiapaneco.
Diario de Yucatán.- Pobladores de la comunidad La Quespala, en Chiapas, enfrentaron ayer a elementos estatales y federales que buscaban ingresar al municipio de Frontera Comalapa, cerca de la frontera con Guatemala, para llevar a cabo acciones de seguridad.
Más de 1,500 elementos de la Sedena, Guardia Nacional y policía llegaron hasta el lugar, donde desplegaron un operativo para proteger a la población y garantizar el orden.
Los pobladores, armados con piedras, palos y machetes, se apostaron en el acceso principal de la localidad para impedir que elementos del Ejército y la policía ingresaran, por lo que se registró un enfrentamiento a pedradas y gas lacrimógeno por varios minutos.
Los uniformados lograron dispersar a la población con gas lacrimógeno y al cabo de unos minutos lograron el ingreso, tomando el control de la comunidad, sin embargo, otros grupos bloquearon las entradas y salidas de sus comunidades para evitar la entrada de las fuerzas federales.
Una de las manifestantes que impedía el paso a los uniformados acusó que el gobierno “no actúa, habemos muchos afectados y gente desplazada, y si él quiere actuar como gobierno debería ver los lugares más afectados, y no venir a molestar a gente cuando acá, ahorita, no está pasando nada, todo está en Frontera Comalapa y Motozintla”.
Se presume que los campesinos, presuntamente vinculados con uno de los dos grupos de narcotraficantes que operan en la zona (Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación), bloquearon la entrada al ejido con vehículos y troncos para impedir el ingreso de los uniformados, que partieron de Comitán hacia localidades de Frontera Comalapa la madrugada de ayer martes.
Según diversas organizaciones, como el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, los municipios de Chicomuselo, Mazapa, y Frontera Comalapa, desde hace dos años han reportado la presencia del crimen organizado que ha sembrado terror y miedo.
Según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de 2022 a la fecha se espera un desplazamiento forzado de 8,000 personas y ninguna ha tenido atención y asistencia de los gobiernos federal y estatal.
