Un nuevo PJF
En su informe, el juzgador detalló que al cierre de su gestión, se cuenta con un servicio profesional de carrera judicial alejado del nepotismo y del tráfico de influencias.
“Hoy tenemos un Poder Judicial en el que cada persona juzgadora es libre de resolver con toda independencia, protegida por las garantías institucionales preservadas a su favor y que comunica e informa sobre su labor, que difunde a gran escala la cultura jurídica, cercano a las y los jóvenes, y con la mayor presencia en redes sociales en el mundo”, anotó.
Además, refirió que cuenta con el mayor número de mujeres juzgadoras, un servicio de defensoría pública revolucionario, cuya labor impacta todos los días a nivel estructural en nuestro sistema de justicia.
“Entregamos una justicia comprometida con los derechos de las personas más vulnerables de México. Porque todo el poder público dimana del pueblo y es para beneficio de este. Ejercerlo para beneficio propio, para beneficio de las élites dominantes, o para los aplausos de unos cuantos, es profundamente inmoral”, dijo.
Indicó que mientras que en 2018 las Salas resolvieron 7,728 asuntos en sesión, este año fue de 2,387, esto es, una reducción de casi el 70% de la carga de trabajo.
Los retos
Arturo Zaldívar resaltó que el gran reto de nuestro tiempo es abatir la pobreza, acabar con la desigualdad, así como alcanzar la justicia social, devolver la esperanza y la dignidad que le ha sido negada tanto tiempo a nuestro pueblo.
Por eso, anotó, en el Poder Judicial de la Federación “estamos derribando barreras, removiendo obstáculos, acortando brechas. Trabajamos para que la justicia deje de ser un privilegio de las élites. Para que llegue a todas las personas. Para que alcance, sobre todo, a las personas más pobres de este país”.
La voz de las mujeres y de los oprimidos
De acuerdo con Zaldivar, el país tiene hoy en día una defensoría pública de calidad, con abogados del pueblo que llegan todos los rincones del país, y que se ha convertido en referente nacional e internacional.
“Incluso, ésta ha tenido un alcance descomunal, al grado que en lo que va del año ha otorgado servicios de representación penal a más de 35,000 personas y en los últimos cuatro años 44,142 personas han obtenido su libertad”, dijo.
El ministro indicó que derivado de la visita que hizo el pasado 11 de mayo al centro de reclusión de Santa Martha Acatitla, a invitación de las propias internas, para escuchar sus reclamos de “viva voz”, a la fecha el Instituto de la Defensoría Pública ha atendido a casi 1,000 mujeres, en tanto que nueve han recuperado su libertad.
“Desde cualquier trinchera, desde cualquier responsabilidad y hasta el último día de mi vida, las mujeres tendrán en mí a un aliado de sus luchas. Mi voz estará siempre disponible para amplificar sus mensajes y visibilizar sus causas. Hasta que gocen de la igualdad plena y de la vida libre de violencia a la que tienen derecho. Hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan una realidad cotidiana”, enfatizó.
Justicia laboral
En materia de justicia laboral, indicó que la reforma constitucional en la materia marcó la transición de un modelo en el que, por primera ocasión, los derechos laborales son plenamente exigibles ante juezas y jueces independientes e imparciales.
Es así que para cumplir esta meta, en el año 2019 se diseñó un programa de implementación en tres etapas, a través de una instancia de coordinación entre los poderes ejecutivos y judiciales locales y federales.
De tal suerte que el pasado 3 de octubre concluyó este proceso, con la incorporación de las últimas 11 entidades federativas, con lo que el Nuevo Sistema de Justicia Laboral está vigente en todo el territorio mexicano.
“La nueva justicia laboral, además de tener como base el mérito y la capacidad, es totalmente paritaria. Todos los tribunales a lo largo del territorio nacional han sido diseñados conforme a criterios de accesibilidad para personas con discapacidad y cuentan con equipamiento de última generación, así como con herramientas tecnológicas que brindan celeridad, accesibilidad y confiabilidad a los procesos”, detalló en su informe.
Mencionó que al 31 de octubre han ingresado casi 40,000 asuntos con un promedio de duración por juicio de entre 3 y 6 meses.