La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado inició los trabajos de revisión sobre los informes de auditoría 2022 realizados por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), para presentar el dictamen correspondiente al Pleno, a más tardar el próximo 14 de febrero de 2024.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión legislativa diputado René Oyarvide Ibarra, al señalar que ya se notificó el pliego de observaciones y las solicitudes de aclaración a los 58 ayuntamientos, por lo que se abrió un periodo de 30 días para que las puedan solventar.
Destacó que entre los entes auditados, sobresalen por el monto de las observaciones la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, “y vamos a esperar a que solvente, a que desahogue, a que especifique lo relacionado a los traspasos y movimientos financieros de dinero público”.
Manifestó el legislador Oyarvide Ibarra que hay asuntos como el del ayuntamiento de Matehuala y el de Axtla, en los que se pondrá la lupa, además de Tampacán, Santo Domingo, Zaragoza, San Luis Potosí, Santa María del Rio, y San Vicente, por el monto de las observaciones realizadas.
“Se trata de observaciones iniciales, pero si en 30 días estos entes observados no las aclaran, vamos a tener una marcación personal hacia el Instituto de Fiscalización Superior del Estado para que continúe y se hagan las carpetas de denuncia y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, sin que ello signifique trato político”.
Añadió que las principales observaciones radican en que “no mandaron facturas, mandaron una copia ilegible o hicieron el movimiento de un traspaso de una cantidad y resulta que la cuenta destinataria no está clara, le falta un número de cuenta y así nos vamos a ir; hay otras con dinero que no se ha comprobado o de obras públicas que se llevaron a cabo y se pagaron, y vinieron los auditores de campo fiscales y las revisaron y no están hechas más que los papeles”.
El diputado René Oyarvide expuso que Rioverde, Mexquitic, San Luis Potosí y Tamazunchale son ayuntamientos cuyas cuentas públicas han llamado la atención de los diputados por el monto observado, de tal manera que se les hará un seguimiento puntual hasta el desahogo final.
