El País – El Congreso mexicano ha dejado prácticamente enterrada una de las insignias del sexenio anterior, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. El Senado ha aprobado este martes en lo general, por 68 votos a favor y 58 en contra, modificar varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. El nuevo modelo, auspiciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las plantas privadas, muchas de ellas renovables. Morena, el partido del mandatario, ha insistido en la necesidad de reforzar a la eléctrica paraestatal, mientras la oposición ha destacado el freno que ello va a suponer para el desarrollo de la eólica y fotovoltaica. La norma aún debe ser promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor.
La controversia que suscitan las modificaciones a la ley ha quedado reflejada en una votación muy dividida: Morena y el Partido del Trabajo, con la excepción de dos senadores, a favor; PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en contra. Durante un debate que ha durado más de cuatro horas, los primeros han destacado el objetivo de “rescatar” a la CFE y prometido tarifas de luz más bajas, en discursos empapados de nacionalismo y abundantes acusaciones de corrupción al Gobierno anterior y a las empresas del sector. Para la senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, el modelo antiguo “privilegia indebidamente a sus competidores [de la CFE] gracias a prácticas desleales”y el nuevo busca “retomar los recursos de nuestro país”, ha asegurado.
Del otro lado del hemiciclo, la oposición ha advertido de que el cambio legal, que considera inconstitucional, frenará la inversión privada en energías renovables y encarecerá la generación. “Lo que plantea es un panorama de mayor costo de la energía, de incumplimiento a tratados internacionales”, ha apuntado el senador Julen Rementería, de Acción Nacional. “Seguramente será combatida en tribunales y perderá. En la práctica, se van a ir fuera los principales competidores [de la CFE]”.
La iniciativa preferente, enviada por el presidente a principios de febrero, cruzó el poder legislativo al galope. En la Cámara de Diputados se organizó un parlamento abierto con miembros de la sociedad civil, se discutió en comisiones y se votó la semana pasada. Todo en apenas un mes. En el Senado fue todavía más rápido. La mayoría parlamentaria capitaneada por Morena rechazó organizar un foro, como había hecho la Cámara baja, y la iniciativa fue directamente a las comisiones de Energía, Medioambiente y Estudios Legislativos, donde fue votada el lunes, y luego al pleno. Le sobraron tres de las cuatro semanas de las que disponía para tramitarla.
La reforma representa un volantazo en la política energética del país. El marco legal anterior, producto de la liberalización del sector que impulsó Peña Nieto, estableció el principio del despacho económico, por el que las centrales más baratas, generalmente las plantas renovables en manos de privados, eran las primeras en subir la electricidad a la red. La nueva ley acaba con ese orden de preferencia basado en los costos de generación y da la prioridad a las centrales de la CFE, sean o no de energías limpias. De esta manera, centrales térmicas públicas que funcionan con combustóleo, un derivado contaminante del petróleo, pasan por encima de las fotovoltaicas o eólicas privadas.
No es el único punto polémico. Las modificaciones eliminan la obligatoriedad de celebrar subastas, un mecanismo por el que la CFE contrataba energía a bajo precio y que sirvió de palanca para el desarrollo del sector renovable en el país, y abren la puerta a revisar contratos ya firmados. Los permisos de autoabastecimiento, ampliamente utilizados por las empresas para abastecerse de electricidad a partir de fuentes privadas, podrán ser revocados en caso de incurrir en “fraude a la ley”. Lo mismo ocurre con los antiguos contratos de la CFE con los Productores Independientes de Energía (PIEs), cuya rentabilidad y legalidad será revisada. La vaguedad de estas cláusulas permite una gran discrecionalidad, teme el sector privado.
El futuro del nuevo marco energético, aún después de su aprobación, es incierto. Los partidos de la oposición ya han amenazado con presentar una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo que también tiene la facultad de recurrir al máximo tribunal, advirtió hace dos semanas de que la reforma viola el principio de libre competencia en la Constitución y recomendó al Congreso no aprobarla.
