Crónica por Jesús Aguilar | 29 de octubre de 2026
Contratos de salud, proveedores del Centro de Negocios, sociedades de dirigentes panistas, el informe de Ruth González y la crisis del INE cruzaron la Mesa Cuadrada del 28 de octubre. Una conversación sobre las explicaciones que el poder sigue debiendo.
Ayer en La Mesa Cuadrada aparecieron los contratos, los parentescos y las cifras del informe legislativo, la conversación encontró su verdadero asunto: la facilidad con que el poder dispone de recursos y la dificultad para conseguir que explique cómo los utiliza.
Este miércoles 28 de octubre compartí la Mesa Cuadrada con los sesudos habituales, los periodistas Adriana Ochoa, Iraís Valenciano y Jorge Saldaña y el analista político Oswaldo Ríos. Hubo coincidencias, objeciones y preguntas que obligaron a precisar responsabilidades.
La conversación pasó de los hospitales a los negocios de dirigentes panistas, del informe de Ruth González a la crisis del INE. Ningún color partidista quedó a salvo del escrutinio.
Abrimos con Daniel Acosta Díaz de León, coordinador del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, y las dos adjudicaciones a Medivida por más de 60 millones 119 mil pesos para servicios de imagen especializada. Dejé asentada una precisión: los importes iguales y los periodos distintos no prueban un cobro duplicado. Tampoco el monto adjudicado demuestra cuánto se pagó. Para establecerlo hacen falta expedientes, facturas y constancias de los servicios recibidos.
Expuse también los antecedentes periodísticos del proveedor: Medivida aparece en investigaciones sobre la red empresarial de Mario Fernando Pacchiano Luna y sus conexiones con empresas relacionadas con Amílcar Olán. Ese contexto justifica revisar las contrataciones potosinas; por sí solo, no acredita una responsabilidad de Acosta. La exigencia planteada fue concreta: explicar quién contrató, bajo qué condiciones y qué atención recibieron los pacientes.
“Ni siquiera tendríamos que pedir cuentas”, observó Adriana. La información tendría que estar disponible sin que un ciudadano deba perseguirla. Describió las respuestas que remiten a enlaces inservibles y los pretextos con los que las dependencias dificultan las consultas. Jorge completó la escena: después de escarbar durante minutos, el solicitante llega a un archivo que informa que no se generó información. El recorrido termina donde debía empezar la explicación.
Jorge introdujo una reserva necesaria. Había que precisar hasta dónde llegaban las facultades del coordinador estatal y si la selección del proveedor se resolvía en otra instancia. Lo formuló como una duda, no como una explicación ya comprobada. Oswaldo recogió el matiz: si Acosta no decidió la contratación, puede decir quién lo hizo. Eso tampoco lo releva de responder por las carencias que denuncia el personal médico. “No estamos hablando de su consultorio particular”, recordó.
Ahí estuvo el contraste más concreto del primer bloque. Se discutían adjudicaciones millonarias mientras los trabajadores reclamaban medicamentos, insumos y personal. Iraís insistió en evaluar el gasto desde los hospitales: las cantidades que aparecen en los documentos deberían poder reconocerse en la atención que recibe la gente.
El expediente del Centro de Negocios Potosí, dirigido por Yathziryy Arahí Vitales Medina, cuñada de Acosta, abrió otra conversación. El parentesco formaba parte del contexto; las operaciones discutidas correspondían a un organismo y a un proveedor distintos. El antecedente expuesto era la investigación de Entre Líneas sobre 140 pagos a Eduardo Medina Acosta por más de 5.29 millones de pesos, entre 2021 y mediados de 2025.
Iraís actualizó el señalamiento: “Ya van en más de siete millones”. Sostuvo que los pagos habían continuado y describió servicios que iban de jardinería y decoración a alimentos para eventos. El proveedor había pasado por los jardines, los adornos y los refrigerios. Su intervención dejó una tarea verificable para el organismo: exhibir qué se contrató, cómo se eligió al proveedor y quién comprobó cada entrega.
Adriana recordó haber visto a la directora con indumentaria de chef, al frente de un servicio de alimentos en un acto municipal. Iraís dijo haber observado algo semejante. La escena dio pie a preguntas sobre la separación entre las funciones de dirección y la operación de esos servicios: quién organiza, quién contrata y bajo qué condiciones se cobra cada evento.
Oswaldo añadió una ironía histórica: el recinto construido durante el gobierno de Marcelo de los Santos, tan cuestionado en otros momentos, terminó convertido en escenario de informes y espacio de negocios. La discusión regresó a los contratos. Conocerlos permitiría distinguir el aprovechamiento legítimo de una infraestructura pública de cualquier trato que deba investigarse.
Después entraron los Azuara. Jorge presentó la investigación de La Orquesta sobre la coincidencia de sociedades mercantiles, cargos partidistas y relaciones familiares alrededor de David y Xavier Azuara, con conexiones hacia Gerardo Sánchez Zumaya. Su punto de partida fue sencillo: “No es delito tener un hotel”. El origen del financiamiento y los vínculos de quienes participan merecen explicación.
Rafael Armando López Puente, suplente de David Azuara en la Cámara de Diputados, aparece en la sociedad vinculada con Casa Cien Hilos, en San Miguel de Allende. También participa con el legislador en una consultora. Fernando Zumaya Azuara, tesorero del PAN estatal, figura como comisario en esas sociedades, según el trabajo publicado por La Orquesta. La superposición de funciones fue el centro del intercambio.
Jorge explicó que había solicitado la postura de David antes de publicar. El diputado respondió que su trayectoria lo había llevado a coincidir con distintas personas y sostuvo que siempre había actuado con respeto a la legalidad. Esa respuesta debe acompañar los señalamientos. También debe examinarse su alcance: una declaración general deja pendientes las preguntas específicas sobre las sociedades y su financiamiento.
Oswaldo pidió aplicar el mismo criterio a todos los partidos. Si el crecimiento patrimonial de quienes participan en política despierta preguntas en Morena, debe admitirlas también en el PAN. Planteó contrastar ingresos, actividades empresariales y patrimonio. La discusión no aportó un peritaje financiero que permitiera convertir esa sospecha en una conclusión penal. Tampoco las fotografías y las relaciones sociales comentadas autorizan a atribuir delitos. Exigir explicaciones obliga a cuidar las pruebas.
La conversación llegó al Teatro de la Paz con el reloj encima. El segundo informe de Ruth González Silva provocó el intercambio más abierto sobre la distancia entre una presentación de resultados y un acto de proyección electoral. Desde la conducción lo planteé como un nuevo destape; Jorge puso el acento en el mensaje que había escuchado desde uno de los balcones del teatro.
Para él, los asistentes acudieron principalmente a escuchar una definición política. Subrayó la defensa que hizo Ruth de su autonomía: una mujer tiene identidad y decisiones propias, también cuando está casada con el gobernador. Ese argumento merecía ser atendido. Iraís movió el examen hacia la trayectoria: qué había hecho antes del Senado, cómo había construido su carrera y qué resultados sostenían una eventual aspiración a gobernar.
La numeralia también recibió cuestionamientos. El informe difundió 134 propuestas promovidas en dos años, además de siete adhesiones. Conviene mantener las categorías separadas: presentar, suscribir y conseguir una aprobación son actuaciones distintas. Ruth declaró en una entrevista sobre su segundo informe que cinco iniciativas individuales habían sido aprobadas por el Senado o incorporadas en dictámenes aprobados. Ese es su balance declarado, que debe contrastarse con el expediente de cada propuesta y su etapa legislativa.
Oswaldo reconoció que la senadora había recibido ataques ofensivos y rechazó ese tratamiento. Al mismo tiempo, sostuvo que la crítica argumentada a sus resultados y a una eventual sucesión familiar debía recibir respuesta. Su intervención colocó dos exigencias sobre la mesa: respetar a la persona y examinar con rigor a quien ejerce el cargo.
El debate se concentró así en el peso político de la relación con Ricardo Gallardo. Reconocer la autonomía de Ruth no borra las preguntas sobre las ventajas que puede darle el gobierno de su esposo. La responsabilidad de explicar sus méritos permanece. También permanece la obligación de discutirlos sin recurrir a ataques machistas.
El cierre estuvo marcado por Guadalupe Taddei. Su renuncia y la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE dieron pie a un intercambio mucho más áspero. Adriana cuestionó los intentos de desplazar la discusión hacia Lorenzo Córdova y sostuvo que quienes respaldaron a Taddei debían asumir el costo de ese respaldo.
En la mesa apareció también una preocupación que iba más allá de la persona que dejaba el cargo: el deterioro de la credibilidad del instituto y la desconfianza que puede heredar quien llegue. Se criticó el reparto político de posiciones y se reclamó que los señalamientos sobre contrataciones fueran investigados. Las expresiones más duras exigieron consecuencias penales; establecer si existen responsabilidades corresponde a las investigaciones y a los tribunales.
Al terminar, el saco verde de Jorge era una anécdota lejana. Quedan en el aire las preguntas sobre servicios médicos, pagos a proveedores, sociedades de dirigentes, resultados legislativos y decisiones del árbitro electoral. Las respuestas tendrían que llegar con documentos que cualquiera pudiera revisar. ¿Cuánto más debe insistir un ciudadano para conocer el destino de lo que paga y las razones de quienes deciden por él?
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