Por primera vez en San Luis Potosí, se llevará a cabo la conformación de los Consejos Municipales de Población (Comupos) con la intención de fortalecer las políticas sociales impulsadas por el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, y contribuir a la disminución, en al menos un 50 por ciento, de la tasa de nacimientos en madres adolescentes, que es de 68 casos por cada mil jóvenes potosinas.
En el marco de la instalación del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (GEPEA) por parte del Gobierno del Estado, la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) puntualizó que la estadística del Estado potosino se encuentra en la media nacional -68 por cada mil-, y consideró que nadie debería de tener hijos antes de los 18 años de edad; confió que en la Entidad se avanzará fehacientemente en la estrategia de prevención debido al compromiso mostrado, tanto por el Gobernador Gallardo Cardona, el Consejo Estatal de Población (Coespo), así como todas las instituciones que conformaron hace unos días el GEPEA.
El Coespo confirmó que en San Luis Potosí hay 6 mil 387 niños y niñas nacidas de madres adolescentes, y explicó que el embarazo prematuro es un rezago específico para el cual se realizará un trabajo interinstitucional a nivel estatal, respaldado por la Conapo, enfocado a la postergación de la edad de la maternidad y la paternidad, así como a responder a las necesidades particulares de los 58 municipios en el Estado, de ahí la necesidad de la conformación de los Comupos, para el impulso de crecimiento idóneo de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, en la Entidad hay 211 niñas madres, menores de 14 años, por lo que se debe trabajar para la erradicación de este fenómeno social, “que no exista la maternidad infantil”, lo que obliga a hablar sobre el tema del abuso sexual de menores que en muchas ocasiones ocurre al interior de la familia, amigos o conocidos.
“Ninguna niña debe ser víctima de violencia sexual y, menos, después de ser víctima ser obligada a ser madre cuando el derecho la protege en este país, cualquier embarazo por violencia sexual se tiene derecho a interrumpirlo”, dijo la dependencia. El sector Salud en todo el país está obligado a ofrecerle la interrupción a una niña que fue embarazada por violación, y si desea continuar el embarazo es obligación del gobierno atenderlo, vigilar el parto de alto riesgo y garantizar el acceso a la atención, añadió.
La secretaria general del Coespo confirmó que, siguiendo las instrucciones del Gobernador, se impulsará la formación de los consejos municipales con todos los mecanismos necesarios y de respaldo gubernamental, aunque por el momento la dependencia está desarrollando el programa especial de población, lo que facilitará su conformación, pero adelantó que hay importantes avances en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
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