Maldonado fue condenada en 2011 por el delito de secuestro; el delito por el que la acusaron ocurrió en 2009, cuando era pareja de un hombre con lazos criminales. Su detención ocurrió debido a que su expareja dio el nombre de Sanjuana para que las víctimas depositaran el rescate de un empresario que había secuestrado en Matehuala, San Luis Potosí.
La asociación civil Perteneces, principal impulsora del indulto por el que salió libre después de 15 años de los 30 a los que originalmente fue condenada, ha señalado que Sanjuana sufrió las consecuencias de un juicio sin perspectiva de género ni derechos humanos, ya que, durante su relación, su expareja ejerció violencia psicológica y simbólica en contra de ella, lo que restringió su autodeterminación, pues la amenazó, chantajeó, manipuló y ejerció un permanente control sobre ella.
Sanjuana, estando lejos de su principal red de apoyo (comunidad y familia) se encontraba en una situación de violencia que le impidió terminar la relación con él y activar estrategias a su favor. Demostrando que Sanjuana se presentó a cobrar el dinero y dio sus datos a personas desconocidas como resultado la violencia que había vivido a lo largo de su vida, y no del ejercicio de su voluntad. Por todo lo anterior, la A.C. destacó la importancia de promover investigaciones y juicios con enfoques interseccionales e interculturales para evitar que más mujeres pierdan sus vidas en las cárceles.
