La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió sus investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de las autoridades electorales y anunció una revisión histórica de las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos electorales estatales entre 2000 y 2025.
El organismo fiscalizador informó este miércoles que mantiene en desarrollo tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones durante los últimos 25 años y una auditoría integral al INE, así como al gasto federalizado ejercido por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
De acuerdo con la ASF, estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, mediante los cuales se detectaron indicios de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con las autoridades electorales.
¿Qué investigará la ASF sobre el INE, IFE y los OPLE?
En un comunicado, la Auditoría detalló que la primera línea de trabajo contempla investigaciones de oficio sobre posibles anomalías en las contrataciones públicas de todos los OPLE, el INE y el entonces IFE.
La segunda consiste en un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025. El objetivo es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el uso de recursos públicos, tanto por parte de grupos empresariales como de servidores públicos.
La tercera línea contempla una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
La ASF precisó que el análisis de las adquisiciones abarcará 25 años de operaciones, mientras que la auditoría integral al INE y a los OPLE constituye un proceso independiente. Hasta el momento, el organismo no estableció una fecha para dar a conocer los primeros resultados de estas revisiones.
ASF detectó contratos por 8,870 millones de pesos
Las nuevas acciones se suman a las investigaciones que la Auditoría había anunciado sobre operaciones de dos grupos empresariales con distintas dependencias y organismos públicos.
El auditor superior, Aureliano Hernández, informó previamente que ambos grupos acumularon contratos por 8,870 millones de pesos entre 2014 y 2026. De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, de ese monto, 3,790 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales y 430 millones de pesos al INE.
Entre los posibles mecanismos de irregularidad identificados se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, las subcontrataciones entre empresas pertenecientes a un mismo grupo y el presunto uso de compañías fachada.
También se señalaron casos de empresas que facturaban cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores o, incluso, carecer de personal.
La ASF busca profundizar en estas operaciones para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación y en el destino de los recursos públicos. Cabe señalar que los señalamientos forman parte de las investigaciones en curso y no representan, por sí mismos, responsabilidades administrativas o penales ya determinadas.
Ante los señalamientos, el pasado 24 de octubre la Presidencia del Consejo General del INE manifestó su respaldo a las investigaciones de oficio emprendidas por la ASF y aseguró que el organismo colaboraría para esclarecer cualquier posible irregularidad.
El Instituto sostuvo que los expedientes deben analizarse con base en documentos y evidencias, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
Asimismo, informó que los antecedentes de los señalamientos fueron remitidos a su Órgano Interno de Control (OIC) y anunció la próxima habilitación del micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, mediante el cual se busca facilitar la consulta de información sobre contrataciones, montos, proveedores y documentación de los procedimientos de adquisición.
Por su parte, Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del INE, había rechazado que existieran proveedores favoritos dentro del organismo y señalado que solicitaría una nueva revisión de los procesos de licitación.
Con la incorporación de las contrataciones del extinto IFE y de los organismos electorales estatales, la ASF busca ampliar el alcance de sus indagatorias y establecer si las posibles anomalías responden a prácticas recurrentes en la asignación y ejercicio de recursos públicos durante las últimas dos décadas.
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