Campos de exterminio: una herencia del terror que nunca se fue

La reciente localización de un presunto nuevo campo de exterminio en Ciudad Valles en el Estado de San Luis Potosí, ha encendido las alertas. Aunque para algunos se trata de hechos aislados, expertos en seguridad pública señalan que la presencia de estos sitios es en realidad la continuación de una estructura criminal profundamente enraizada, construida desde hace más de una década.
Uno de esos expertos es Edgardo Hernández Contreras, quien ocupó cargos clave en seguridad federal durante los años más violentos en la región. Hoy, recuerda “estos lugares no son nuevos. Fueron sembrados en los años 2010, 2011 y 2012, y seguirán apareciendo porque nunca se erradicaron”.
Durante su gestión como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Luis Potosí y Zacatecas, ahora Fiscalía General de la República, FGR, fue testigo y actor directo en operativos contra estos espacios. Según explica, los narcocampamentos tenían tres funciones principales.
La primera era el secuestro pues se trataban de centros de cautiverio para civiles, muchos de ellos víctimas inocentes del conflicto entre cárteles o del cobro de piso.
La segunda función era el adiestramiento: ahí se entrenaban sicarios y nuevos miembros del crimen organizado en el manejo de armas, tácticas de combate y defensa personal.
Y en una tercera instancia el exterminio, pues funcionaban como zonas de desaparición y eliminación de enemigos, muchas veces mediante métodos de cremación o disolución en ácido.
“Recuerdo que incluso había pozos profundos donde arrojaban los cuerpos. A uno de los detenidos en Villa de Arista lo apodaban ‘El Pozolero’, porque llevaba más de 90 cuerpos disueltos en ácido”, reveló el experto.
Aunque los focos rojos se encienden con cada hallazgo, advierte que esto no es un fenómeno nuevo, sino un legado no atendido “en esos años se secuestraban autobuses completos, cobraban piso hasta al que vendía frituras o piratería. Era una violencia brutal, y lo grave es que nunca se desmantelaron todas las estructuras. Por eso, hoy siguen apareciendo”.
Los municipios más afectados durante esa época, según sus registros, fueron Matehuala, Río Verde, Villa de Arista y Lagunillas, aunque advierte que prácticamente ningún rincón del estado se salvó.
No duda en señalar uno de los factores clave detrás de la continuidad de estos crímenes como es la colusión o pasividad de autoridades locales y estatales.
“A mí me tocó consignar a muchos policías que estaban en la nómina del crimen organizado. La impunidad se debe, en gran medida, a malos gobiernos y a autoridades que fueron cómplices o simplemente voltearon la mirada”.
El especialista asegura que estas zonas seguirán surgiendo mientras no exista una estrategia real, coordinada y con recursos suficientes para la búsqueda de personas desaparecidas, el desmantelamiento de estructuras criminales y la atención a víctimas.
Por su ubicación geográfica, San Luis Potosí es un corredor natural para el crimen organizado. Conectado con Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y Querétaro, el estado ha sido históricamente una zona de paso, disputa y asentamiento para grupos criminales. Su gran extensión territorial y zonas rurales de difícil acceso también han facilitado la instalación de estos narco-campamentos.
“Por eso no es raro que los colectivos de búsqueda, que son los únicos que realmente han puesto luz sobre estos lugares, sigan encontrándolos. La tierra está hablando”.
Para él, la clave está en la voluntad política y el respaldo real a los colectivos de búsqueda “los colectivos hacen el trabajo que el Estado debería estar haciendo. Necesitan apoyo, protección, recursos y, sobre todo, verdad y justicia. Porque los campos de exterminio seguirán apareciendo mientras no se enfrente la raíz del problema”.
Estos campos de exterminio son comunes de encontrar por los activistas que realizan la búsqueda de los desaparecidos en San Luis Potosí, pues no descansan. Cada semana, cada quince días, colectivos de familias, acompañados por la Comisión Estatal de Búsqueda, salen al campo con la esperanza de encontrar rastros, algo que les permita cerrar el ciclo de la incertidumbre. Pero lo que están encontrando va más allá de la esperanza: son evidencias de horror sistemático. Son campos de exterminio.
Así lo define Edith Pérez, vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, “una zona de exterminio es un lugar que eligió la delincuencia organizada para hacer desaparecer a los nuestros. Usaron métodos de cremación brutales, rústicos, y encontramos los cuerpos calcinados, en pedacitos. No hay forma de saber a simple vista quiénes son”.
La búsqueda más reciente se llevó a cabo esta semana en la región de Ciudad Valles, en un lugar previamente señalado como “positivo”. Las lluvias obligaron a reprogramar la intervención, pero los indicios se confirmaron se hallaron fragmentos óseos calcinados, prendas, restos de campamento y desechos personales que evidencian presencia criminal prolongada.
“Se encuentran tambos usados para quemar cuerpos, latas de cerveza, restos de comida, incluso excremento humano. Es claro que ahí vivieron mientras cometían estos actos. No es algo improvisado”.
Según el colectivo, estas zonas están siendo ubicadas principalmente en regiones con características propicias: alta vegetación, comunidades alejadas y de difícil acceso, como la Sierra de Tanchipa, la Laguna del Mante o las zonas rurales de Tamuín.
La Fiscalía General del Estado, FGE, les dice que solo podría tratarse de una víctima. Pero para ellos, eso no cambia nada “así sea una sola persona, si ese sitio fue usado para desaparecerla, es una zona de exterminio. Pero nosotros sabemos que no es solo una. Cuando encontramos tantos restos, tantos huesos calcinados, no puede tratarse de un solo cuerpo”.
El colectivo tiene la experiencia para distinguir entre restos de una sola persona y de múltiples víctimas. Lo saben por la cantidad, por los fragmentos de cráneo, por los objetos personales hallados. “Hemos encontrado hebillas, cadenas, medallas, ropa calcinada. Son señales que nos dicen que hubo más de una víctima”.
Lo más grave, sin embargo, no es solo lo que se encuentra, sino quién lo ignora “la Fiscalía sabe todo. Conoce perfectamente cuántas células criminales hay en el estado, dónde operan y qué hacen. Los altos mandos lo saben. Y aun así, lo ocultan. Son los primeros en querer minimizarlo”.
Los hallazgos no provienen de investigaciones oficiales. Llegan al colectivo por denuncias anónimas, vecinos, trabajadores del campo o por redes sociales “Nos avisan del amigo del amigo, porque saben que nosotros sí vamos. Las autoridades muchas veces ya sabían y no hicieron nada”, denuncia.
Hasta ahora, se tiene conocimiento de al menos 20 personas identificadas a partir de restos encontrados en estas zonas en los últimos años. Algunas fueron reconocidas por objetos personales, otras gracias a pruebas de ADN. Sin embargo, la mayoría permanece sin identificar debido al alto grado de calcinación.
“No hay otra forma de identificarlos más que con análisis genéticos, pero no hay capacidad, no hay infraestructura. Tampoco tenemos cultura dental para comparar dentaduras, y los restos muchas veces son demasiado fragmentados”.
Frente a lo que consideró inacción oficial, los colectivos se han organizado para seguir la búsqueda de forma constante. Sin embargo, han enfrentado obstáculos incluso dentro de las propias instituciones. El nuevo comisionado estatal, denuncian, ha intentado imponer horarios de oficina a los equipos de búsqueda.
“¿Cómo le vamos a decir a las familias que las desapariciones solo pueden pasar de 8 a 3? ¿Y los fines de semana qué, que descansen los criminales también?, es una burla”.
Pese a ello, el colectivo defiende la labor de la Comisión Estatal de Búsqueda, a quien reconoce por su compromiso y trabajo 24/7. Pero advierten que la burocracia amenaza con frenar su lucha.