“Las policías locales son la mejor vía para recuperar la paz en el país. Es cierto que la de situación de la delincuencia organizada ha rebasado institucionalmente a localidades, pero también es cierto que abandonar a las policías locales ha sido un caldo de cultivo para que la violencia se mantenga por mucho más tiempo”, afirma, Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común.
El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no inició con el presidente Felipe Calderón, pues desde los años 40 del siglo pasado ya tenían asignadas algunas tareas como la lucha contra las drogas, pero es a partir de 2006 cuando se incrementa el uso de militares en el combate a la inseguridad.
Uno de los argumentos para recurrir al Ejército fue la incapacidad de las policías locales para hacer frente al crimen organizado, pero una situación que era una excepción se convirtió en la regla, por lo que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador también optaron por recargar su estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas.
Mientras se usaba a las militares y marinos en el combate a la violencia, se debía profesionalizar a las policías locales, pero eso no sucedió. En los últimos tres sexenios, las policías se mantuvieron en el olvido.
“Las policías municipales son muy pequeñas y les falta capacidad, están asfixiadas presupuestalmente porque todo el presupuesto se ha ido a corporaciones federales como el Ejército, la Gendarmería, la Guardia Nacional”, plantea Víctor Hernández, experto en seguridad pública y miembro del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme y de la Red Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el reporte “Números de Erario” , realizado por la organización México Evalúa, es en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se acentúa el olvido a las policías civiles, mientras presupuesto militar ganó terreno.
El presupuesto estatal y municipal se integra por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y hasta 2020 que fue eliminado, en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El objetivo de ese presupuesto es el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia; desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de delitos; sistema nacional de información para la seguridad pública, entre otras.
Sin embargo, esos rubros también fueron afectados en la actual administración. El FASP prácticamente se ha mantenido estancado, mientras que el Fortaseg fue eliminado, lo que afectó a los municipios, que es donde ocurren entre el 80 y 90% de los delitos de alto impacto.
“Se eliminó el Fortaseg en 2020 con el discurso de corrupción e ineficiencia de policías locales, pero no se complementó con nada, esa es la mayor problemática que vemos en este gobierno, se quedaron completamente en el abandono algunas policías, ahí se agravó la situación”, refiere Angélica Canjuta.
Pero los recursos no son la única arista del olvido. Al haber menos recursos, la operación de los policías se precariza: no hay uniformes, no hay equipo, no hay capacitación, no hay academias, y a ello se le suma que se incrementa el riesgo de ser asesinado en la labor.
De acuerdo con el informe “La situación de las policías en México 2018-2022”, realizado por Causa en Común, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta abril de este año han sido asesinados 1,537 policías o ex policías, que representan un promedio de más de un uniformado cada 24 horas”.
Para Víctor Hernández, la falta de presupuesto a las policías locales ha derivado en un círculo vicioso.
“Hay un círculo vicioso, se dice las policías municipales no funcionan. Como le quitamos dinero a la policía municipal para mandar a las policía federal que hoy es la Guardia Nacional, las policías locales no funcionan; entonces, se opta por perpetuar la militarización”, refiere.
El fondo con claroscuros
La aprobación para prolongar de cinco a nueve años el uso de las Fuerzas Armadas en México en el Congreso de la Unión revivió un tema reclamado: la profesionalización de policías. A la par de mantener por cuatro años más a militares y marinos en tareas de seguridad pública, se aprobó que a partir del próximo año haya un fondo permanente para fortalecer los cuerpos policíacos de estados y municipios.
Los expertos consideran que si bien la creación del fondo es una buena noticia, México está atrasado en el fortalecimiento de sus policías locales, las cuales son clave en la pacificación de un país que tiene en promedio, 85 homicidios dolosos por día y una tasa de muertes violentas de 28 por cada 100,000 habitantes.
Angélica Canjura señala que un elemento que se debe considerar en este fondo es cuidar que los estados “no hagan trampa” con las cifras de inseguridad.
“Este fondo se solicitó que fuera permanente, con recursos suficientes y específicos para el apoyo para entidades y municipios y que tenga un incremento igual en porcentaje al que reciban las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Hay un 25% que sería repartido entre las entidades que obtengan los mejores resultados en materia de seguridad, suena muy bien, sin embargo hay algunos problemas”, comentó.
De acuerdo con la experta, para que una entidad pueda obtener parte del 25% de la bolsa, deberá tener buenos números en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pero éste no funciona como debiera.
“Hemos detectado situaciones irregulares en donde tenemos estados que no está reportando ningún delito como Durango que no ha reportado secuestros, Colima donde no existe el robo con violencia ni a transeúntes ni de vehículo. Entonces, ¿cómo hacer este análisis de quienes obtienen los mejores resultados si se basarán en estos datos que no están reflejando la realidad y cuando se ha demostrado que tienen manipulaciones?”, cuestiona la experta.
