La diputada argumentó que el organismo no ha cumplido con su función de defender a las víctimas.
ABC.- La Legisladora Federal, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, pidió ayer la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que su gestión ha sido omisa frente a la crisis de personas desaparecidas en México. Además, anunció que impulsará un juicio político en su contra.
La diputada argumentó que el organismo no ha cumplido con su función de defender a las víctimas ni de actuar como contrapeso del poder, señalando una respuesta débil ante los señalamientos internacionales, particularmente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Según expuso, en los últimos años se ha registrado un aumento significativo de casos sin que existan acciones contundentes por parte de la comisión. Ballesteros también cuestionó la independencia de la CNDH, al advertir una posible cercanía de su titular con el Gobierno federal, lo que —dijo— compromete su imparcialidad.
Así mismo, acusó falta de investigaciones de oficio y escasas recomendaciones firmes. El reclamo retoma las demandas de colectivos y familiares de desaparecidos, quienes denuncian falta de apoyo institucional.
La diputada sostuvo que la situación refleja una crisis humanitaria que no ha sido atendida con la urgencia necesaria.
ONU analiza crisis de desapariciones en México; colectivos ven oportunidad clave
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) afirmó ayer que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas de llevar con carácter urgente la situación de México a la consideración de la Asamblea General de la ONU abre una oportunidad histórica para reforzar la cooperación internacional frente a la crisis de desapariciones en el país.
En un pronunciamiento público, el movimiento, integrado por más de 90 colectivos de 26 estados de México y organizaciones de Centroamérica y Estados Unidos, sostuvo que el objetivo común de la comunidad internacional, del Estado mexicano y de las familias debe ser “encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”.
Añadió que, aunque hubo un impulso inicial del Estado para impulsar políticas públicas, éste no tuvo continuidad y derivó en el aplazamiento de mesas de trabajo ya acordadas y de una reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
El grupo de colectivos señaló que la decisión del CED se basa en información recopilada desde 2012 y en aportaciones adicionales presentadas en 2025 por el Estado mexicano, la sociedad civil y familias de víctimas.
A su juicio, esta determinación refleja la preocupación internacional por las limitaciones de las capacidades estatales para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición.
