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Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará una iniciativa de reforma electoral, integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) como los expresidentes del IFE/INE Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, exhortaron a que dicha propuesta se dé con base en el consenso de fuerzas políticas y no de una “decisión unilateral” del Ejecutivo y su mayoría legislativa “ilegal” en ambas Cámaras.
“La presente legislatura del Congreso de la Unión fue integrada merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado, alcanzada mediante la extorsión y la amenaza”, condenó el IETD en un comunicado
En este sentido, expuso que toda reforma necesita la aceptación de todos aquellos que van a someterse a sus condiciones y modalidades, ya que las normas electorales son las “reglas del juego democrático” a las que partidos, organizaciones sociales y ciudadanía en general deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos mediante el voto popular.
Las últimas cuatro reformas electorales desde 1994, señaló, fueron resultado de “grandes acuerdos” y compromisos entre partidos y gobiernos. Por ende, advirtió que ignorar la historia abriría la puerta a que las reglas en los comicios ya no sean el fundamento de las soluciones “sino parte del problema”.
Las cuatro coordenadas básicas para una reforma electoral, puntualizó, deben ser: buscar el más amplio consenso; fortalecer la representación proporcional; garantizar la autonomía, imparcialidad y profesionalismo de órganos electorales y, por último, procurar el dinero público y no el privado.
Garantizar autonomía de las autoridades electorales, entre las exigencias del IETD
Para el IETD, es imprescindible en una democracia que se garantice la autonomía de las autoridades electorales, así como la profesionalización de las mismas.
“El consenso de todos los actores políticos en torno a quienes serán los responsables de organizar las elecciones es fundamental como condición de integridad democrática”, señalo.
Pidió que el nombramiento de consejeros se realice mediante el Senado de la República y no ya en San Lázaro, dada la distorsión en la representación que existe actualmente en las diputaciones federales.
Además, que el porcentaje requerido para hacer las designaciones se eleve a una votación calificada de tres cuartos de los miembros presentes en el Senado: “Ello exigiría la construcción de consensos amplios entre todas las fuerzas políticas presentes en ese órgano”.
Entre sus peticiones, resaltó que el financiamiento público debe distribuirse “con la misma razón equitativa”, es decir, “a mitad de la bolsa en consonancia con la votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario”.
Advirtió que hay una invasión de dinero ilícito en la política, así como fenómenos oligárquicos en los que el dinero de empresarios y magnates resulta decisivo. En consecuencia de esto, instó a que una reforma electoral considere el dinero público y no el financiamiento privado como el sostén de los procesos de votación en México.
