Acusa que los integrantes de la Corte están en su contra por un oficio relacionado con el presupuesto 2027.
Aristegui.-
La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó este jueves a sus compañeros de mantener una “animadversión insana” en su contra. La confrontación, que inició como una discusión estrictamente técnica sobre un proyecto de notificación procesal, escaló hasta convertirse en un reclamo político-presupuestal cuando la ministra sugirió que las críticas a su ponencia eran una represalia por haber denunciado públicamente la restitución de seguros privados de gastos médicos mayores para altos mandos de la Corte, aunque eso no quedó claro durante la sesión sino hasta la publicación posterior de un oficio.
Tras la sesión, Batres publicó en redes sociales un oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial de la Federación, donde detalla un incremento presupuestal del 17.2% solicitado por el Poder Judicial para el próximo ejercicio, tachándolo de violatorio de las leyes de austeridad.
El conflicto detonó en sesión pública, durante el análisis de una Contradicción de Criterios asignado a la ponencia de la ministra Lenia Batres. El punto central consistía en dilucidar un aspecto de técnica procesal: si las sentencias dictadas en las audiencias constitucionales de juicios de amparo deben notificarse a las autoridades responsables mediante “oficio” o a través de “lista”.
La propuesta de Batres concluía que la notificación debía realizarse por oficio. Sin embargo, la ministra justificó esta conclusión bajo el argumento de que este medio de notificación se dispone “en beneficio de las funciones del Estado” y de la “función pública”. Asimismo, su proyecto clasificaba las notificaciones de los juzgadores entre “trascendentes” (las cuales ameritarían oficio) y “no trascendentales”.
Esta argumentación desató un rechazo casi unánime en el Pleno. Una tras otra, las ministras y ministros manifestaron su desacuerdo con las consideraciones del proyecto, planteando dos objeciones jurídicas.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Giovanni Figueroa Mejía, señalaron que el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional donde rige el principio de igualdad procesal entre el quejoso (ciudadano) y la autoridad responsable. Argumentaron que justificar un trato diferenciado o un “beneficio” para la autoridad por el mero hecho de ejercer una función pública rompe este equilibrio procesal indispensable.
Los ministros Irvin Espinosa Betanzo y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz apuntaron que la solución es mucho más sencilla y se encuentra expresada de forma literal en la ley. Según su interpretación, la Ley de Amparo mandata explícitamente que las notificaciones a las autoridades responsables se harán por oficio, sin distinciones de “trascendencia”. Por ende, calificaron de inoportuno e innecesario crear una jerarquía doctrinal de autos o notificaciones “trascendentes” cuando el texto de la ley es categórico.
“Animadversión insana”: El estallido y el retiro del proyecto
La tensión subió de tono cuando la ministra Lenia Batres se rehusó a modificar su proyecto original, defendiendo sus razones doctrinales y argumentando que no bastaba con decir que “así lo dice la ley”.
“Con todo respeto no estoy de acuerdo con estas argumentaciones que están dando porque pareciera que no que se solicita que en el proyecto de resolución se diga o se argumente que debe cumplirse o que estamos nosotros optando por el criterio que debe de prevalecer respecto de la notificación por oficio porque así lo dice la ley. Ustedes me están pidiendo que diga eso. De ninguna manera podemos nosotros argumentar así. Tenemos la obligación de hacernos de los argumentos doctrinarios que sustenten en este caso el criterio que nosotros le estamos poniendo a consideración de este pleno…”.
Al ver que por lo menos siete integrantes del Pleno anunciaron que votarían en contra de sus consideraciones debido a su negativa de realizar ajustes, la ministra Batres estalló contra el Pleno.
“Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo y espero sus observaciones”.
Inmediatamente después, ligó el rechazo de su proyecto a un conflicto ajeno al debate jurisdiccional: “Y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al órgano de administración judicial respecto del presupuesto de esta corte”.
La acusación de Batres fue rechazada por sus colegas. El ministro presidente Aguilar Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel aclararon que se estaban enterando en ese preciso momento de la existencia de dicho oficio y exigieron seriedad.
“Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios… señalar que es insano lo que se está presentando aquí… yo no veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la ministra ponente“, reviró Esquivel Mossa, puntualizando que las críticas eran estrictamente hacia el texto del proyecto y no de índole personal. Por su parte, el ministro Espinosa Betanzo e incluso la ministra María Estela Ríos reiteraron que sus posturas obedecían únicamente a discrepancias técnicas de interpretación legal.
Ante el clima de confrontación, la ministra Batres retiró formalmente el proyecto y el Pleno declaró un breve receso.
Lenia Batres acude a las redes
Después de levantarse la sesión, Lenia Batres recurrió a sus redes sociales para hacer pública la declaración y los documentos que, según ella, provocaron el conflicto.
“Desafortunadamente, ha generado animosidad negativa en mis compañeros ministros y compañeras ministras, que se reflejó en la sesión del día de hoy”, denunció en su cuenta personal de X.
El documento publicado es un oficio fechado el 12 de agosto de 2026 y recibido formalmente el 13 de agosto a las 10:16 horas, dirigido al Mtro. Néstor Vargas Solano, Presidente del Órgano de Administración Judicial.
En dicho escrito, la ministra realiza severos cuestionamientos al anteproyecto de presupuesto aprobado en sesión privada el pasado 6 de agosto, el cual solicita un total de 6 mil 104 millones de pesos, equivalente a un incremento del 17.2% en términos nominales respecto al año anterior.
Entre las principales denuncias presupuestales de Batres destacan:
Restitución de Seguros Privados: La ministra denuncia que durante la sesión privada de presupuesto, se aprobó “sin estudio previo” la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos de mandos medios y superiores, un beneficio que ya había sido eliminado el año pasado. Batres argumenta que este seguro privado representa una práctica “prohibida expresamente en ley”, citando el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Pensiones Onerosas de Exministros: Señala que se mantienen pendientes de ajustar las pensiones de exministras y exministros conforme a los tabuladores actuales de austeridad, lo que genera un excedente de más de 54 millones de pesos, sumado a otros 39 millones de pesos destinados a plazas auxiliares para los exintegrantes de la Corte.
Áreas de Gasto Prescindibles: Propone la supresión de áreas completas que considera innecesarias para la labor jurisdiccional, tales como las direcciones de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros.
Como muestra de presunta congruencia con su discurso de austeridad, la ministra Batres solicitó que sus colaboradores no tengan acceso al seguro de separación individualizada y al seguro de gastos médicos mayores.
