La Alianza Empresarial de San Luis Potosí expresó su preocupación ante la propuesta de incluir un nuevo impuesto por la “Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera” en la Ley de Hacienda del Estado, como parte del Paquete Económico 2024 enviado por el Ejecutivo al Congreso local.
Consideramos esencial abordar las inquietudes y los análisis técnicos y económicos aportados por las empresas del estado antes de la aprobación de dicho impuesto. Por este motivo, hacemos un atento llamado al Ejecutivo local y al Congreso estatal para establecer una mesa de diálogo que permita exponer y respaldar nuestros argumentos, buscando soluciones no impositivas para la reducción de emisiones de carbono.
En un contexto económico complejo, creemos que no es el momento oportuno para implementar un impuesto de esta índole. No obstante, sostenemos la posibilidad de encontrar vías viables para cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de carbono sin comprometer la competitividad de las empresas en la entidad.
A pesar de la intención declarada del Ejecutivo local de incentivar la reducción de emisiones contaminantes a través de este gravamen, es fundamental que los artículos que respalden este impuesto incluyan incentivos fiscales y administrativos, vinculando la disminución del pago con la adopción de tecnologías avanzadas para reducir emisiones en los procesos productivos.
Previo a la imposición de esta medida fiscal, es imperativo reconocer las mejoras ambientales implementadas por las empresas en las últimas décadas. Lamentamos que las cámaras empresariales no hayan sido consultadas durante la creación de esta iniciativa, lo que omite las acciones positivas llevadas a cabo por las empresas en favor del medio ambiente.
El impuesto propuesto se percibe exclusivamente como recaudatorio, al gravar desde la primera tonelada de gas contaminante. En un momento en que las micro y pequeñas empresas afrontan dificultades post pandemia, la implementación de un impuesto recaudatorio sin apoyo adecuado resulta inoportuna.
Además, la propuesta de gravar el 100% de las emisiones de CO2 va en contra de las políticas nacionales e internacionales, contradiciendo la estrategia de reducción de emisiones presentada por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Cabe alertar que la posible reubicación de empresas hacia entidades sin impuestos ambientales podría traducirse en la pérdida de empleos y afectar la competitividad de las empresas locales.
En la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, abogamos por el diálogo como el mejor método para alcanzar acuerdos beneficiosos para todos los sectores y la población en general. Reiteramos nuestro llamado a encontrar, de manera colaborativa, la mejor solución para mejorar el medio ambiente sin frenar la economía ni perjudicar a quienes conformamos las empresas, incluyendo a los colaboradores y sus familias.
