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México nunca había tenido una ley indígena. A más de 200 años de existencia del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este lunes la convocatoria para iniciar la consulta para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, Indígenas y Afromexicanos, cuya publicación quedó registrada este mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Qué propone la ley
El objetivo central de la iniciativa es reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional.
- Libre determinación y autonomía en niveles comunitario, municipal y regional
- Derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, incluyendo acceso a la tierra y vida libre de violencia
- Derechos del pueblo afromexicano con normas específicas contra el racismo
- Consulta y consentimiento libre, previo e informado como marco legal obligatorio
- Juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger derechos colectivos, una innovación jurídica sin precedente en el país
Cómo será el proceso de consulta
La consulta se desarrollará en cinco etapas entre julio y octubre de 2025:
- Publicación de convocatoria — hoy, 29 de junio
- Etapa informativa — del 1 de julio al 6 de agosto, con difusión en más de 16 mil comunidades
- Etapa deliberativa — del 7 de agosto al 13 de septiembre, con 82 asambleas regionales y 7 mesas de trabajo en ciudades como Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro
- Estudio y adecuación — del 21 de septiembre al 11 de octubre, para incorporar propuestas al proyecto
- Presentación al Congreso — el 12 de octubre
El 12 de octubre como fecha simbólica
La presidenta Sheinbaum señaló que el objetivo es que la iniciativa sea entregada a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, fecha que “alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos“, para que inicie ahí su proceso de aprobación.
El proceso fue construido con la participación de 35 dependencias federales, 148 reuniones de trabajo y un comité técnico asesor integrado por 20 personas, mitad mujeres y mitad hombres, además del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como observadora y organismos internacionales como la ONU.
*Información en desarrollo
