
Estudiantes del Campus San Luis Potosí de la Universidad de la Cruz Roja Mexicana se manifestaron este 1 de septiembre ante presuntas irregularidades financieras, académicas y administrativas que, aseguran, han persistido desde el inicio de su formación universitaria.
Con declaraciones directas y anónimas por miedo a las represalias, los alumnos exigen transparencia en el uso de recursos, respeto a sus derechos, y una mejora real en las condiciones educativas, alegando que han sido víctimas de promesas incumplidas, engaños en el proceso de admisión y un entorno institucional que desalienta el diálogo.
Con pancartas, consignas y un comunicado formal, alumnos de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, así como de otras carreras de la institución, exigieron transparencia, respeto a sus derechos, mejores condiciones académicas y la destitución de altos cargos institucionales.
Los alumnos denuncian la pérdida de campos clínicos clave como el IMSS y el ISSSTE, debido a un presunto adeudo institucional de más de 300 mil pesos, lo cual limita gravemente su formación práctica.
Además, acusan que el acceso a estos espacios está condicionado al pago de multas, situación que consideran injusta y excluyente.
“Tenemos derecho a una formación clínica de calidad. No es justo que, por falta de pagos o acuerdos administrativos, seamos nosotros quienes carguemos con las consecuencias”, expresaron estudiantes.
En el comunicado entregado por la comunidad estudiantil, se exige la destitución inmediata de tres figuras clave de la administración, Jesús Aarón Cerecero Sánchez que es el rector de la institución, Ferdinand Mainou y Moctezuma que es el vicerrector y María del Pilar de la Mora Juárez que es la directora de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia.
Los alumnos denuncian abuso de poder, nepotismo, y ascensos irregulares dentro de la estructura académica, señalando que varios cargos han sido otorgados a personas sin experiencia, por relaciones personales más que por méritos profesionales.
Una de las acusaciones más fuertes, gira en torno a la opacidad en el manejo de recursos. Entre los puntos señalados apuntaron las aportaciones obligatorias de 500 pesos por alumno para el “voluntariado”, sin rendición de cuentas. Aumentos constantes en inscripciones y colegiaturas sin mejoras visibles. Promesas incumplidas sobre instalación de aires acondicionados, cuya compra ya habría sido justificada. Compra de camionetas de lujo con recursos universitarios, mientras los estudiantes carecen de insumos básicos.
“De qué me sirve una camioneta con el logo de Cruz Roja si no tengo campos clínicos”, declaró una alumna indignada.











