La tala clandestina no solo destruye los bosques de la Sierra Tarahumara, también ha expulsado de sus hogares al 90% de las personas desplazadas en la región, de acuerdo con datos del subsecretario general de Gobierno, Óscar González Luna. El funcionario advirtió que el fenómeno, impulsado por el crimen organizado, se ha convertido en una de las principales causas del desplazamiento forzado y de la violencia que viven las comunidades serranas de Chihuahua.
Durante una entrevista con este medio, González Luna detalló que desde hace tres años el Gobierno del Estado ha implementado un protocolo de atención interinstitucional, en el que participan 18 autoridades federales y estatales, encabezadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y reforzadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Este esquema ha permitido asegurar más de 30 millones de pesos en madera y vehículos, además de la detención de varias personas, algunas ya con sentencia, y la orden de reforestación obligatoria en las zonas afectadas.
Tala clandestina: nueva fuente de ingresos para el crimen organizado
Sin embargo, el funcionario reconoció que la tala clandestina ha mutado y se ha fortalecido, en parte por la reconfiguración del crimen organizado. “Muchos grupos han dejado de tener ingresos por la venta de drogas o el tráfico de migrantes, y han encontrado en la tala ilegal una nueva fuente de dinero”, explicó. Esta dinámica, añadió, ha intensificado la violencia en la sierra, provocando desplazamientos forzados y un daño ambiental de dimensiones críticas.
Los municipios más afectados, según González Luna, se concentran en la zona sur en Guadalupe y Calvo y Guachochi, y en la zona occidente Bocoyna, Creel y San Juanito, donde se han realizado los mayores aseguramientos de madera. En esas regiones, las comunidades rarámuri y ódami viven bajo una constante amenaza.
“Los sacan de su hábitat bajo amenaza de muerte, los obligan a irse a ciudades más grandes como Parral o Chihuahua”, relató. El fenómeno, advirtió, es permanente y rotativo: mientras unas familias regresan, otras son desplazadas, manteniendo estable la cifra de alrededor de 600 personas afectadas, aunque las víctimas cambian con el tiempo.
Los sacan de sus tierras bajo amenaza de muerte, los obligan a irse a ciudades más grandes como Parral o Chihuahua.
El fenómeno, advirtió Óscar González Luna, es permanente y rotativo: mientras unas familias regresan, otras son desplazadas, manteniendo estable la cifra de alrededor de 600 personas afectadas, aunque las víctimas cambian con el tiempo.
El subsecretario detalló que la tala ilegal no sólo destruye el bosque, sino que además provoca incendios deliberadamente. Durante los primeros meses del año, la sequía y la acumulación de pino seco fueron aprovechadas por estos grupos, que después de talar los árboles incendiaron los restos para eliminar evidencia.
“Hemos encontrado zonas donde sólo quedan los tocones, y todo lo demás fue quemado”, señaló. Estas prácticas, además de arrasar con la vegetación, ponen en riesgo la vida de los habitantes y generan daños irreparables a la biodiversidad.
Denuncias llegan demasiado tarde; sólo encuentran los restos de la tala
En un intento por frenar este delito ambiental, el gobierno ha reforzado los operativos de vigilancia y promovido la denuncia anónima, incluso en idiomas indígenas como rarámuri y ódami. A través de pósters con códigos QR, campañas de radio y espectaculares carreteros, se invita a la población a denunciar sin temor.
Las denuncias llegan directamente al portal de Justicia Digital de la Fiscalía General del Estado, con la promesa de confidencialidad absoluta. No obstante, González Luna admitió que las denuncias “no se aprovechan al 100%” y que, en muchos casos, llegan tarde. “A veces recibimos reportes cuando ya pasaron dos o tres meses, y lo único que encontramos son los restos de lo que fue un predio talado”, lamentó.
En algunos casos, las autoridades han detectado explosivos de uso militar esparcidos en los caminos serranos, presuntamente colocados por grupos criminales para intimidar a las comunidades o impedir el acceso de las fuerzas de seguridad. “No son explosivos mineros, sino de los que se usan en actos terroristas”, advirtió el subsecretario.
El fenómeno de la tala clandestina ya no es sólo un problema ecológico, sino una crisis humanitaria. Las familias desplazadas pierden no sólo su hogar, sino también su forma de vida, su comunidad y su cultura.
Al llegar a las ciudades, enfrentan pobreza, discriminación y falta de oportunidades. Mientras tanto, los bosques desaparecen a un ritmo acelerado, y con ellos los manantiales, la fauna y el equilibrio ecológico que sostiene a toda la región.
“Estamos luchando contra un delito que afecta la vida de las personas, la seguridad pública y el medio ambiente. Necesitamos una ciudadanía valiente que confíe en nosotros y denuncie”, concluyó González Luna. Pero mientras la tala clandestina siga siendo un negocio rentable y las familias sigan huyendo de la sierra por miedo a morir, la Tarahumara seguirá perdiendo no sólo sus árboles, sino también su alma.
