El Sol
Una de cada tres cuentas bancarias inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está relacionada con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en México y son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa quienes concentran los congelamientos.
La UIF puso la mira en donde más duele a las organizaciones criminales: el dinero. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la dependencia inmovilizó 24 mil 622 cuentas bancarias por un monto superior a ocho mil 670 millones de pesos. De ellas, siete mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en México.
La estrategia parte de una premisa: seguir la ruta del dinero para llegar a las estructuras que sostienen a los grupos delictivos. La UIF ha bloqueado cuatro mil 439 cuentas de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos mil 289 del Cártel de Sinaloa.
También colocó a dos mil 395 personas en la Lista de Personas Bloqueadas, dice Omar Reyes, titular del organismo.
“Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una operación inusual. Ahí comienza el análisis. Buscamos saber quién mueve los recursos, quién los recibe, con qué otras personas se relaciona, qué empresas aparecen alrededor de esas operaciones y, sobre todo, quién controla o se beneficia realmente de esos recursos”, señala en entrevista.
La ofensiva financiera también alcanzó investigaciones por extorsión. La UIF reporta mil 443 cuentas inmovilizadas relacionadas con este delito, equivalente a 5.9% del total. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero obtenido mediante amenazas y cobros, identificar las cuentas receptoras y conectar las operaciones para llegar a las redes financieras detrás de las extorsiones.
“Una inmovilización de cuentas no equivale a una sentencia ni determina por sí misma responsabilidad penal (…) las personas involucradas cuentan con mecanismos de garantía de audiencia y defensa”.
Otro frente es el robo de hidrocarburos. La coordinación con distintas instituciones permitió identificar casos prioritarios que derivaron en denuncias ante la Fiscalía General de la República, 163 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y más de 218 millones de pesos inmovilizados.
“La UIF presentó 144 denuncias ante la FGR. La lógica es precisamente que la detección y el análisis financiero puedan convertirse en una noticia criminal, después en una investigación y, cuando existan los elementos, avanzar hacia la judicialización y la recuperación de activos. Ese es el modelo que queremos consolidar: información que se convierte en inteligencia; inteligencia que se convierte en acciones; y acciones que contribuyen a proteger al sistema financiero y a debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales”.
UIF y ASF cruzarán información para detectar uso irregular de recursos públicos
El bloqueo de una cuenta no significa que una persona haya sido declarada culpable. Se trata de una medida financiera que busca impedir que determinados recursos continúen circulando dentro del sistema financiero para actividades ilícitas. Las personas incluidas en la Lista cuentan con mecanismos de defensa y pueden solicitar una garantía de audiencia dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de su inclusión.
En ese procedimiento pueden presentar pruebas y formular alegatos. La UIF debe analizar los argumentos y emitir una resolución administrativa fundada y motivada, además de que existen mecanismos legales para impugnarla.
La dimensión internacional también forma parte de esta estrategia. El dinero de las organizaciones criminales puede cruzar fronteras mediante transferencias, empresas y adquisición de bienes, por lo que México mantiene intercambio de información con unidades de inteligencia financiera y organismos como el Grupo Egmont, FinCEN y OFAC.
La dependencia sostiene que esta cooperación no significa ceder facultades. Las decisiones sobre personas y cuentas dentro de México corresponden a las autoridades mexicanas y deben tomarse conforme al marco jurídico nacional.
Mientras las organizaciones criminales modifican sus métodos para ocultar y mover recursos, la UIF busca ampliar su capacidad de respuesta. Su plantilla pasó de 183 servidores públicos en 2024 a 293 actualmente, un incremento superior a 60 por ciento. También se trabaja en la modernización de sistemas, modelos de riesgo y mecanismos de intercambio de información.
La apuesta es convertir las operaciones financieras sospechosas en inteligencia, la inteligencia en investigaciones y las investigaciones, cuando existan elementos suficientes, en judicializaciones y recuperación de activos. En otras palabras, cerrarles el paso al dinero para golpear la estructura económica que permite operar a las organizaciones criminales.
“Lo que hacemos desde la UIF es utilizar las herramientas que nos proporciona la ley para proteger al sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, siempre con sustento jurídico y respeto al debido proceso”, dijo.
“Nuestro marco jurídico contempla un procedimiento de garantía de audiencia, mediante el cual las personas incluidas pueden hacer valer sus derechos ante la UIF. Una vez que la institución financiera correspondiente le notifica los fundamentos y las causas de su inclusión, la persona puede solicitar esta garantía de audiencia”, señaló.
