Con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el dictamen para otorgar el indulto para liberar a Sanjuana Maldonado Amaya, quien llevaba 15 años recluida en el centro de reinserción social de “El Xolol”, del municipio de Tancanhuitz, S.L.P.
“Ella cometió un error confiando en una persona y derivado de su ignorancia, se vio involucrada de manera circunstancial en la comisión de un posible delito”, apuntó.
¿Qué pasó con Sanjuana Maldonado?
En 2009 Sanjuana Maldonado, siendo una estudiante de 21 años, dejó su comunidad para estudiar en el Tecnológico de Matehuala en busca de mejores oportunidades. Allí conoció a José de 35 años, iniciando una relación marcada por violencia psicológica, emocional y física. Al terminar la relación, Sanjuana fue amenazada y hostigada por José para que no lo dejara, accionando distintos mecanismos de manipulación y violencia psicológica que ejercía sobre ella. Posteriormente, José obligó a Sanjuana a acompañarlo a realizar un cobro, trasladándola contra su voluntad. Una vez en el lugar para realizar este cobro, fue detenida en Matehuala por la policía junto con José y otros involucrados, acusándola de un intento de delito contra la libertad personal. Sanjuana fue manipulada y sus derechos fueron violados por el sistema de justicia penal, ya que jamás se trató el juicio con perspectiva de género y no respetaron su presunción de inocencia.
Sanjuana proviene de una comunidad criminalizada históricamente, pero, además, con un limitado acceso a los derechos. El continuum de violencia que ha atravesado a lo largo de su vida la expusieron a estar en el lugar donde fue detenida; la colocó en condiciones de vulnerabilidad ante el poder punitivo en un contexto de guerra contra el crimen organizado.
Sanjuana no cometió ningún delito; las pruebas no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad. Sin embargo, fue sancionada con base en omisiones, errores procesales, estereotipos y prejuicios de género. Como resultado de ello, ha vivido 15 años en prisión y sentenciada a 30, porque fue criminalizada por el Estado.
