Aristegui.-
A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refrendó su compromiso con las familias en su lucha por verdad y justicia.
La comisión hizo un llamado a las a las autoridades competentes y a la sociedad mexicana en su conjunto, para seguir colaborando en el esclarecimiento de la suerte o paradero de los jóvenes y la determinación de las responsabilidades.
Además, en un comunicado publicado este 26 de septiembre, la CIDH expresó su preocupación por la actual paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada.
En el marco del décimo aniversario, la CIDH rememoró su contribución en la lucha por justicia y señala que desde el 3 de octubre de 2014, a pocos días de haber ocurrido la desaparición de los 43 jóvenes, otorgó la medida cautelar 409/14 —vigente desde entonces—, por medio de la que se solicita al Estado mexicano esclarecer la situación o paradero de los estudiantes desaparecidos y prestar asistencia a los estudiantes sobrevivientes.
La medida cautelar fue el inicio de un acompañamiento cercano de la Comisión para contribuir en la búsqueda de los estudiantes, esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los responsables.
Destaca que en estos 10 años, a partir de las atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en virtud de acuerdos con el Gobierno Federal y las familias, la CIDH instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); y luego el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA), para dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar y a las recomendaciones emitidas por el GIEI y la Comisión.
Del trabajo del GIEI destaca que en en coadyuvancia con las autoridades mexicanas, contribuyó a reorientar las investigaciones, identificar las falencias y desvirtuar la hipótesis oficial de la desaparición.
Se reveló a las familias de los estudiantes y al mundo entero la falsedad de la denominada “verdad histórica” y que agentes estatales sí tuvieron conocimiento de los ataques y desaparición de los estudiantes desde el momento en que ocurrieron.
En su posicionamiento, la CIDH celebra que en estos años el Estado impulsó la búsqueda de los estudiantes, el acceso a la verdad y a la justicia, así como la sanción a los responsables, a partir de la administración actual, mediante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (UEILCA).
Estos avances permitieron el hallazgo de nueva evidencia forense que resultó en la identificación de fragmentos óseos de dos estudiantes. Además, implicó la apertura de nuevas carpetas de investigación sobre la dinámica de la desaparición y los actos de investigación fraguados para ocultar la verdad.
No obstante, lamentó que a 10 años subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el GIEI en su último informe; y persiste el llamado “pacto de silencio”, que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores.
En este contexto, la Comisión reconoce que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum anunció su compromiso con la resolución de los hechos en este emblemático caso.
Para superar los desafíos en la investigación es crucial mantener el diálogo auténtico y transparente entre todos los actores involucrados, incluyendo a las familias de los desaparecidos y sus representantes legales, y fortalecer la confianza entre las familias y las autoridades colocando a las víctimas como el enfoque central.
Por último alertó que seguirá monitoreando el cumplimiento integral de la medida cautelar, reitera su predisposición a brindar asistencia técnica a las autoridades mexicanas y continuará acompañando a las familias en su digna lucha por verdad y justicia.
