Desde hace varios años la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, FGE, tiene varios pagos pendientes frente a más de 3 mil 500 agentes del Ministerio Público, quienes desesperados por el incumplimiento, decidieron protestar a las afueras de la dependencia en que laboran. Se trata de personal administrativo hasta operativo quienes se apostaron en la Avenida Eje Vial para hacer constar lo que está sucediendo y pedir que las autoridades asuman su responsabilidad para con ellos.
La Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos, que encabeza Adriana Moya Méndez, es quien ha estado acompañando al personal que ha denunciado en contadas ocasiones que se les deben sus prestaciones laborales. Incluso el año pasado en pleno 31 de diciembre denunciaban varias problemáticas que los han afectado por muchos años.
Los quejosos son personal activo de la Fiscalía como secretarias, auxiliares, ministerios públicos, peritos, y policías que denuncian que el administrador de la institución César Isidro, no quiere hacer la dispersión de los recursos que les adeudan, como burócratas tienen conocimiento que la institución sí cuenta con presupuesto, pero su falta de sensibilidad ha provocado que se mantengan en disputa con él.
Se desconoce cuánto presupuesto se les debe en total, pero es mucho el recurso que se les adeuda ya que además de la falta de salarios, también tienen pendientes con el personal de seguridad y custodia a quienes se les debe un incremento salarial y el seguro de gastos médicos, porque tampoco cuentan con ellos.
De este tema habló el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, quien ahora es el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Cuahutli Badillo, quien argumenta que este asunto debe investigarse para definir qué está sucediendo en la Fiscalía General del Estado.
Pero por su parte, menciona que el recurso financiero que se llega a utilizar para temas de primera necesidad como es el relacionado con la seguridad, siempre es insuficiente por todas las demandas que hay para la operatividad de este sector tan importante y sensible de la sociedad.
En tanto, Edgardo Hernández Contreras, exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México y especialista en temas de seguridad refiere que cuando se trata de atender las necesidades de los trabajadores que se encargan de proteger a los potosinos, deben ser prioridad para las administraciones de los diferentes ámbitos gubernamentales, toda vez que ellos están en constante riesgo y ofrecen su vida para que los potosinos tengan paz en los diferentes entornos en los que se desenvuelven.
Debe ser una prioridad el pago a sus percepciones, pero además es un justo reclamo laboral por ellos y por sus familias.
Los funcionarios se apostaron afuera de la Fiscalía General del Estado, después de las 15:00 horas de este lunes, a todo pulmón clamaban por sus derechos económicos, y argumentaron que de continuar con la cerrazón en torno a asumir sus obligaciones ante la base trabajadora, no solamente pretenden cerrar las calles, sino que en la desesperación tomarán las instalaciones de la dependencia que dirige Manuela García Casares, que cabe añadir, no salió a atender a los que se estaban manifestando en este inicio de semana.
