El Universal.-
La Comisión Europea en México condenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y reconoció su trabajo como defensor indígena de los derechos humanos.
La delegación de la Unión Europea, así como las embajadas de Noruega y Suiza en México, expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia y amigos de Marcelo Pérez, así como con la Diócesis de Chiapas, además que señalaron preocupación por la impunidad que impera en los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas.
“La muerte del padre Marcelo Pérez muestra el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos defensores de los derechos humanos en México y que constituye una amenaza contra los derechos humanos.
“Instamos a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y protección para que las personas defensoras en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que haya ´zonas de silencio´ donde ninguna persona defensora o periodista se atreva a trabajar”, expresó.
Al reconocer los esfuerzos de las autoridades mexicanas para esclarecer los últimos casos de asesinatos, así como prevenirlos, se reiteró la “gran preocupación” sobre el nivel de impunidad en casos de personas defensoras y periodistas asesinados en México en años anteriores.
“Nuestro llamamiento para que se identifiquen y juzguen a los responsables tanto materiales como intelectuales de todos estos asesinatos. Animamos a las autoridades mexicanas a seguir avanzando en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de las herramientas existentes, como el Mecanismo de Protección, y a mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora”, indicó.
La Unión Europea en México y las embajadas reiteraron su disponibilidad en seguir apoyando a nuestro país con acciones de cooperación en favor de la protección de los derechos humanos, de la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y del fortalecimiento de los servicios de procuración e impartición de justicia.
