La Iniciativa Privada de San Luis Potosí demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con firmeza y prontitud ante las denuncias que vinculan al empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya con presuntos delitos fiscales. Según una investigación publicada por el diario Reforma, Sánchez Zumaya habría liderado una red de factureras que le permitió obtener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, instó a las autoridades a intervenir de manera decidida. “Exigimos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, que no se queden inmóviles ni guarden silencio frente a este caso”, declaró.
El líder empresarial subrayó que, si las pruebas confirman los delitos fiscales, es esencial que la FGR proceda con las sanciones correspondientes. Además, criticó la falta de supervisión en Pemex, la cual habría facilitado que empresarios como Sánchez Zumaya operaran esquemas ilícitos sin enfrentar consecuencias.
Preocupación por recortes en el Presupuesto 2025
En el marco de estas denuncias, Ortuño también expresó su inconformidad con los recortes propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Consideró alarmantes las reducciones en sectores clave como Salud, Universidades y Medio Ambiente, ya que podrían agravar problemas estructurales del país.
“La situación en áreas como la salud pública ya es crítica, y estos recortes solo reflejan una falta de sensibilidad y de visión a largo plazo por parte del gobierno”, afirmó.
Tanto el caso de Sánchez Zumaya como las decisiones presupuestales del nuevo gobierno federal, advirtió Ortuño, minan la confianza del sector empresarial, que exige transparencia, justicia y responsabilidad en la administración pública.
