El presidente Donald Trump acusó a las universidades de fallar en proteger a los estudiantes judíos durante las protestas que tuvieron lugar el año pasado en diversos campus en contra de la guerra en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel.
En la carta del lunes, Garber sostuvo: “Las consecuencias de los excesos del gobierno serán graves y duraderas”.
Las investigaciones afectadas
Los estudios sobre el cáncer pediátrico, Alzheimer y Parkinson se verían afectados, continuó el presidente de Harvard.
“En las últimas semanas, el gobierno federal ha lanzado un ataque generalizado contra las asociaciones de financiamiento cruciales que hacen posible esta investigación invaluable”, afirma la demanda de la universidad.
Y agrega: “el gobierno no ha encontrado, ni puede encontrar, ninguna conexión racional entre las preocupaciones sobre el antisemitismo y las investigaciones médicas, científicas, tecnológicas y demás que ha congelado y que buscan salvar vidas estadounidenses, alentar el éxito estadounidense, proteger la seguridad estadounidense y mantener la posición de Estados Unidos como líder global en la innovación”.
“Tampoco ha admitido las graves consecuencias que la congelación indefinida de miles de millones de dólares en fondos federales para la investigación acarreará sobre los programas de investigación de Harvard, los beneficiarios de esas investigaciones, y el interés nacional en extender el progreso y la innovación estadounidenses”.
En ella, además, se argumenta que la retención de fondos federales viola los derechos constitucionales de Harvard y se está utilizando como “presión para obtener control sobre las decisiones académicas de Harvard”.
La administración Trump ha indicado que podría suspenderse otro tramo de mil millones de dólares en financiación federal. Harvard recibe aproximadamente US$9.000 millones anuales, los que en su mayoría son destinados para investigaciones.
El estatus de exención fiscal de Harvard y su capacidad para admitir estudiantes internacionales también podrían estar en riesgo.
En EE.UU., las universidades, así como muchas organizaciones benéficas y grupos religiosos, están exentas del pago de impuestos federales sobre la renta.
Sin embargo, esta valiosa exención fiscal puede eliminarse si los grupos se involucran en actividades políticas o se desvían de sus objetivos declarados.
“¿Quizás Harvard debería perder su estatus de exención fiscal y ser gravada como entidad política si sigue promoviendo la ‘enfermedad’ con inspiración política, ideológica y terrorista?”, escribió Trump en Truth Social. “¡Recuerden, la exención fiscal depende totalmente de actuar en interés público!”.
Las exigencias del gobierno a Harvard
Garber, quien es judío, reconoció que el campus de Harvard, ubicado en Massachusetts, ha tenido problemas con el antisemitismo, pero afirmó que ha establecido grupos de trabajo dedicados a abordar el problema.
El representante de Harvard aseguró que la universidad publicaría el informe de dos grupos de trabajo que investigaron tanto el antisemitismo como los prejuicios contra los musulmanes.
En la carta que la Casa Blanca mandó a Harvard el pasado viernes, se afirmaba que la universidad no había cumplido con las “condiciones de derechos intelectuales y civiles” que justifican la inversión de fondos federales.
El documento incluía 10 categorías para los cambios propuestos, entre ellas:
- Denunciar ante el gobierno federal a los estudiantes que sean “hostiles” a los valores estadounidenses
- Garantizar que cada departamento académico tenga “diversidad de puntos de vista”
- Contratar a una entidad externa aprobada por el gobierno para auditar los programas y departamentos “que más fomentan el acoso antisemita”
- Investigar al profesorado para detectar plagio
Las exigencias dirigidas a Harvard incluían aceptar auditorías externas aprobadas por el gobierno sobre el plan de estudios de la universidad, así como datos sobre contratación y admisiones.
En respuesta, Harvard publicó una carta contundente rechazando lo que describió como una “toma de control” por parte del gobierno federal.
El expresidente de EE. UU., Barack Obama, exalumno de Harvard, expresó su apoyo a la universidad, calificando la congelación de fondos como ilegal.
La Casa Blanca respondió la noche del lunes con un comunicado:
“El dinero fácil de la asistencia federal a instituciones como Harvard, que enriquecen a sus burócratas groseramente sobrepagados con el dinero de los contribuyentes provenientes de familias estadounidenses que luchan por salir adelante, está llegando a su fin”.
Por otro lado, la administración Trump ha dirigido sus acciones contra otras instituciones privadas de la Ivy League, incluyendo la suspensión de mil millones de dólares a la Universidad de Cornell y US$510 millones a la Universidad de Brown.
En esos lugares, los fondos federales también juegan un papel preponderante en el financiamiento de nuevos avances científicos.
Otras universidades, como la Universidad de Columbia -epicentro de las protestas estudiantiles pro-palestinas del año pasado- han aceptado algunas exigencias después de que se amenazara con retirar US$400 millones en fondos federales.
Una encuesta de Gallup del verano pasado indicó que la confianza en la educación superior ha ido cayendo con el tiempo entre los estadounidenses de todas las tendencias políticas.
Esa caída, según el sondeo, se debe en parte a la creencia creciente de que las universidades promueven una agenda política. El descenso fue particularmente pronunciado entre los republicanos.
