Tras un litigio iniciado en 2022, la Suprema Corte determinó que cualquier uso de bienes culturales requiere una consulta previa, libre e informada.
ABC.- Al considerar que la protección del patrimonio tiene más peso que el interés comercial de una empresa privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando elementos de la cultura maya en su publicidad turística.
Esto significa que la empresa deberá de retirar esta simbología tanto de su publicidad como de su sitio web, todo esto mientras se resuelve el litigio sostenido con integrantes de la comunidad maya y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
En relación a este tema, la ministra María Estela Ríos González defendió su proyecto, el cual fue aprobado por siete votos contra dos, y que terminó imponiéndose al de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien sostuvo que Grupo Xcaret tenía autorización del Gran Consejo Maya de Quintana Roo que le permitía utilizar el patrimonio cultural maya durante cinco años y 15 millones de pesos.
“Qué bueno que las empresas vengan e inviertan en México, pero eso no las faculta a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación”, alegó Ríos González.
La propuesta fue del agrado de otros ministros como Loretta Ortiz Ahlf y el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien aseguró que el contrato de transición no era motivo suficiente para que la empresa lucrara con los elementos.
“Ese es el punto porque el estándar legal y constitucional dice que los pueblos y comunidades, que son titulares de su patrimonio cultural, solamente pueden otorgar su consentimiento vía un procedimiento de consulta previa libre e informada, es decir, aun existiendo el contrato, ese contrato tendría que haberse sometido a una consulta previa, libre e informada”, aclaró.
Este conflicto legal inició en el año 2022, luego de que el Gran Consejo Maya de Quintana Roo denunciara a Grupo Xcaret ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) por uso indebido patrimonial cultural.
Aunque luego hubo un acuerdo entre ambas partes, otros integrantes del pueblo maya continuaron el litigio y lograron que el Indautor notificara nuevas órdenes y una multa por presunto incumplimiento de parte de la empresa, que si bien logró una suspensión en febrero de 2025, una impugnación atrajo el caso por la Suprema Corte en octubre de 2025.
