Milenio.- Luego de analizar nuevas evidencias, la Fiscalía del caso Ayotzinapa encontró un patrón de incriminación contra jóvenes pobres de zonas rurales, los cuales fueron sometidos a tortura para testificar de acuerdo con los dictados de los creadores de la llamada “verdad histórica”.
A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes, la Fiscalía General de la República (FGR) imputará por primera vez a un alto funcionario del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el cual aparece en los videos donde Tomás Zerón de Lucio y otros agentes torturan al El Cepillo.
Además de nuevas declaraciones de testigos clave, las acusaciones que mañana presentará la Fiscalía del caso Ayotzinapa, en el reclusorio Sur, contra un ex mando del Cisen y actual funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Ignacio Mendoza Gandaria, se sustentarán en videos de dos interrogatorios en los que el detenido Felipe Rodríguez Salgado, también identificado como El Cepillo, es sometido a distintos tipos de tortura, revelaron a MILENIO fuentes cercanas a este proceso, derivado de las investigaciones sobre delitos cometidos por servidores públicos en las pesquisas sobre los crímenes de 2014 contra estudiantes.
Será la primera vez en la historia en que un miembro de un organismo mexicano de inteligencia es imputado ante un juez. En la primera sesión, realizada en “Casa de Moneda”, como se conocía a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) al lado del Panteón Francés (en la Ciudad de México), Mendoza Gandaria, que entonces ocupaba el cargo de director de Apoyo a la Operación del Cisen y ahora detenta el mismo puesto en el CNI, participó junto con Tomás Zerón de Lucio, director de la AIC, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de la Unidad Antisecuestros, en los cuestionamientos violentos sobre Rodríguez Salgado, quien aparece decaído, con la cabeza envuelta en una prenda y sin camisa, mientras Zerón amenaza con matarlo.
La segunda tuvo lugar en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y fue conducida por Mendoza Gandaria, en compañía de dos subordinados.
En el video, en el que el funcionario lo amenaza con otra golpiza como la que le acababan de dar, es posible apreciar lesiones en el pecho del detenido, aparentemente causadas cuando fue arrojado al suelo y un hombre apoyó las rodillas sobre su espalda para sofocarlo con una bolsa de plástico.
Dado que un juez había librado dos órdenes de aprehensión contra Rodríguez Salgado, el detenido debió haber sido presentado ante el agente del Ministerio Público o el propio juzgador inmediatamente después de su arresto, ocurrido el 15 de enero de 2015 a las 23:00 horas, para garantizar sus derechos, entre ellos el de no autoincriminarse.
Sin embargo, fue ilegalmente trasladado a “Casa de Moneda” e interrogado ahí y después en Seido, antes de su puesta a disposición a las 04:00 horas.
Patrón de incriminación Esto último, según la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), que presentará los cargos, es un delito de desaparición forzada que se suma al de tortura. Por haber sido cometidos por servidores públicos, constituyen violaciones a los derechos humanos.
Y ya que un peritaje internacional, realizado por el ex relator de tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, determinó que la tortura y la desaparición forzada en el caso Ayotzinapa fueron llevadas a cabo de manera generalizada y sistemática, con base en el Estatuto de Roma considera que se trata de crímenes de lesa humanidad. Además, en la visión de la Fiscalía, el de Rodríguez Salgado representa un patrón de incriminación contra cierto grupo de personas: jóvenes de escasos recursos, con poca instrucción y provenientes de zonas rurales.
Es decir que las autoridades definieron un perfil de la gente a la que iban a culpar de los crímenes de Iguala, para así configurar el relato identificado como “la verdad histórica”, un concepto acuñado por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Mendoza Gandaria también será acusado por coalición de servidores públicos, en vista de que los traslados del detenido y los interrogatorios fueron realizados de manera coordinada por varios funcionarios; así como por intervención de comunicaciones, pues manipuló el celular de Rodríguez Salgado, revisó sus mensajes, obtuvo sus contactos y lo interrogó sobre ellos, sin contar con la orden de un juez.
Todo esto sin capacidad legal para investigar delitos, que es facultad exclusiva del Ministerio Público.
También quedará expuesto que, a pesar de recibir varias solicitudes oficiales de la Fiscalía, el CNI se negó a brindar la información que se le requería sobre su director de Operaciones. Tanto Gualberto Ramírez Gutiérrez como Tomás Zerón de Lucio están prófugos, con órdenes de aprehensión.
El primero, hasta ahora, por simulación de pruebas y falsificación de documentos; el segundo, por tortura, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos y delitos contra la administración de la justicia.
Sobre él pende además una ficha roja de Interpol, pues buscó refugio en Israel. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al primer ministro de ese país, Naftali Bennett, solicitándole acelerar su extradición.
