Expansión.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es investigado por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal.
“Ello en virtud de que, conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros”, expuso la autoridad en un comunicado.
La UIF identificó que Murillo Karam posiblemente está relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (artículo 400 Bis), “debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando este se desempeñaba en su cargo”.
“En ese sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, informó la UIF.
Además, la empresa familiar presentó irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acorde con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
También se identificó que envió y recibió recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017, Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021, el exfuncionario colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
“En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”, detalló la autoridad.
