Ante omisión, madres buscadoras recurren al amparo para crear fiscalía especializada
Blakely Morales
Por la vía de un amparo indirecto el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, en colaboración con la Clínica en Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, ha denunciado la omisión del Congreso Local para cumplir con su obligación legal de armonización y creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.
A pesar de que desde el 2017 con su promulgación, la Ley General en Materia de Desapariciones, estableció en su artículo 68 la obligación de las fiscalías locales de contar con una oficina especializada en la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, hasta este 2025, San Luis Potosí es uno de los seis estados de la República que siguen sin acatar ese mandato.
De hecho, la semana pasada tras su primer informe de gobierno y en reunión de seguridad junto a gobernadores y gobernadoras, la presidenta Claudia Sheinbaum evidenció a Chihuahua, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, de ser los estados que carecen de una fiscalía especializada en desaparición forzada, y los hizo firmar un acuerdo para cumplir con lo establecido en Ley General.
¿Qué ha pasado en San Luis Potosí? Desde mayo de este año, y ante la presión de los colectivos, las madres buscadoras, defensoras de derechos humanos y oenegés, el legislador local Fernando Gámez Macías del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma para crear dicha Fiscalía Especializada.
Sin embargo, han sido las propias organizaciones las que han acusado al Congreso Local y al Gobierno del estado de estar bloqueando la iniciativa, pues una de las trabas que se han expresado desde la Fiscalía General del Estado, según Edith Pérez, líder de las madres buscadoras, ha sido el tema presupuestal.
Incluso recordaron que en actos simbólicos, en reuniones y encuentros con autoridades, han recibido respuestas positivas, de apoyo y alianza, compromisos que no se han materializado.
Para las madres y familiares que integran el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, se trata de una “omisión criminal” que condena a las familias a más dolor, incertidumbre e impunidad.
Este miércoles 10 de septiembre, un grupo de madres y abogadas de la Clínica en Litigio Estratégico acudieron al edificio del Poder Judicial de la Federación en Palmyra 905, en el Pedregal, para depositar este amparo indirecto ante los tribunales federales y hacer un pronunciamiento público, en el que aseguraron que han pasado casi ocho años “de promesas rotas, discursos vacíos y fotos conmemorativas que nada” han servido para cambiar la realidad de decenas y cientos de personas que en la entidad potosina atraviesan la tragedia de vivir con la ausencia de una persona querida.
Edith Pérez, representante de Voz y Dignidad asociación civil y a nombre de sus integrantes, reclamó que este 15 de septiembre se vencerá el plazo que obligaba a los congresos locales a la armonización sin que la iniciativa haya ingresado al Pleno, mientras que temas de otra índole, o con intereses políticos, suelen cocinarse con rapidez en la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
