La Fiscalía General de la República (FGR) busca reunir pruebas para imputar también el delito de delincuencia organizada al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien actualmente se encuentra detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014.
El documento señala que, como parte de la indagatoria por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, debe tomarse en cuenta que hasta la fecha continúan operando en Guerrero grupos delictivos como Guerreros Unidos y Los Rojos, “y se han caracterizado por realizar actos violentos como lo fue precisamente la desaparición de los 43 normalistas, siendo del dominio público el procesamiento de diversos servidores públicos de diversos niveles que participaron en la comisión del evento delictivo junto con integrantes de este grupo criminal, asunto que se considera de relevancia social y mediático”.
Declaraciones involucran a Aguirre en destrucción de videos
Por presuntamente ordenar la destrucción de material visual relacionado con el caso Ayotzinapa, la FGR solicitó el pasado 5 de agosto, dentro de la causa penal 291/2026, una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero.
La orden fue autorizada ese mismo día por Mario Elizondo Martínez, juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México.
Un día después, la FGR cumplimentó la orden de aprehensión contra Aguirre cuando circulaba a bordo de una camioneta por Periférico Norte, en la Ciudad de México.
El expediente de la FGR incluye la declaración ministerial rendida el 6 de julio pasado por Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien se desempeñó como visitadora general del Consejo de la Judicatura de Guerrero durante la administración de Aguirre como gobernador.
Estrada Ortega narró que el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes, acudió a la oficina de Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, para conversar sobre los hechos.
Relató que en ese momento se presentaron funcionarios del área de informática del tribunal, quienes llevaban videos correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014, grabados en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Guerrero.
“Tomé estos discos y los guardé entre mis cosas que llevaba y me salí de su oficina; al salir del edificio del tribunal me comuniqué con el gobernador (Ángel Aguirre) y le dije que me urgía verlo, y me dijo: ‘vente a mi oficina’, por lo que me trasladé a ver al gobernador, y una vez que me recibió siendo aproximadamente las 8:30 de la noche de ese mismo día 29 de septiembre de 2014″, señaló.
De acuerdo con la información, le comunicó que tenía los videos de las cámaras de seguridad de las afueras del Palacio de Justicia de Iguala, por lo que Aguirre le preguntó su ya los había visto.
“Le dije que no, que cuando se lo entregaron a Lambertina no teníamos equipo para verlo, y me dijo el gobernador: ‘no te preocupes, yo me encargo de eso’, le pregunté que si el tema se podría poner más complicado, y me dijo el gobernador que lo que a él le preocupaba es que ‘el pendejo de su sobrino Ernesto Aguirre’ sí tuvo conocimiento de los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, porque él, como asesor del gobierno, coordinaba todas las cosas”, añadió.
Además, señala que visitó al gobernador días después y le comunicó que “Lambertina ya sabía que él tenía el video”, a lo que él la regañó.
“Me dijo: ‘como eres pendeja, para qué chingados le dijiste’. Me puse a llorar de frustración y miedo, y en ese momento Ángel Aguirre le marcó al Procurador Iñaki Blanco, y sólo escuché que Aguirre le decía que la presidenta del tribunal ya se había enterado de que nosotros teníamos el video, y Aguirre le dijo que se encargara de esa vieja, que él ya sabía cómo”, narró.
