Aristegui.-
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y sostuvo que se trata de una investigación por presuntos delitos de contrabando de combustible, después de que un grupo de expresidentes iberoamericanos denunciara una supuesta “venganza política” en su contra.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria respondió a los pronunciamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado, entre otros, por el español José María Aznar, el expresidente mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe, quienes expresaron su preocupación por la detención del exmandatario estatal y la atribuyeron a un supuesto deterioro del Estado de derecho en México.
“Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República (FGR). Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, afirmó la mandataria mexicana.
Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo
Añadió que las acusaciones se relacionan con presuntos delitos fiscales y de hidrocarburos derivados de una operación que, según la investigación, se prolongó durante varios años.
“Cometer un fraude a la hacienda pública y traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político, están equivocados”, sostuvo.
“Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para obtener una orden de aprehensión de un juez. Ayer creo que emitió otra vez un comunicado la Fiscalía nuevamente. Y siguen las investigaciones, y es esta persona junto con otros siete que fueron detenidos por este delito”, indicó Sheinbaum.
Según la Fiscalía, un juez federal vinculó a proceso el pasado 23 de julio al exgobernador y a otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
El Grupo IDEA afirmó el lunes que el arresto constituye una “venganza política” y atribuyó el proceso al presunto desmantelamiento del sistema judicial mexicano.
EFE
